La relación del Papa con el Gobierno: sintonía frente a la extrema derecha y visto bueno para la resignificación del antiguo valle de Franco

El Gobierno ha decretado tres días de luto nacional por la muerte del Papa. El presidente, Pedro Sánchez, ha destacado su “compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables”. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, encargado de las relaciones con la Iglesia, lo ha definido como “un hombre bueno y un gran Papa”. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Sumar, que también lo visitó, le dedicaba estas cariñosas palabras de despedida en redes sociales: “Ha sido un gran embajador del trabajo decente, de la paz, y de la justicia social. Utilizó su posición para impulsar un mundo mejor. Me enseñó que la esperanza nunca defrauda y sus ánimos todavía perduran. Le haremos caso: No aflojaremos”. Los discursos del Gobierno y de Francisco se alinearon frente a la extrema derecha en más de una ocasión, especialmente en lo relativo a la inmigración y el cambio climático. Durante el pontificado de Bergoglio, el Ejecutivo llegó a varios acuerdos con El Vaticano, siendo uno de los más destacados el visto bueno para trasladar los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros en octubre de 2019. Otros seguían pendientes de negociación, como las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia.

Sánchez se entrevistó con el Papa en dos ocasiones: la primera, en octubre de 2020 y la segunda, en octubre del año pasado. Ambas tuvieron lugar en el Vaticano, ya que Bergoglio nunca visitó durante su papado España, algo que sí hicieron sus predecesores, como Juan Pablo II (en cinco ocasiones) o Benedicto XVI (en tres). No obstante, hace apenas siete meses, Francisco aseguró que estaba pensando en viajar a Canarias por la crisis migratoria para mostrar su “cercanía a los gobernantes y al pueblo”. Su primer viaje fuera de Roma, al inicio de su pontificado, fue precisamente a Lampedusa, la pequeña isla del sur de Sicilia célebre por el desembarco continuo de inmigrantes en sus costas. Sin embargo, pese a que los Reyes invitaron al Papa a España desde el inicio de su reinado, en 2014, esa visita no llegó a producirse. En su libro Soñemos juntos, escribió: “Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es”. El concepto de “periferia”, tanto geográfica como figurada, forma parte de su legado.

La inmigración fue uno de los temas que Sánchez y el Papa abordaron en su primer encuentro, en 2020, mientras la UE trabajaba en el Pacto de Inmigración y Asilo. Y es uno de los asuntos, por el enfoque fundamentalmente humanitario, donde mostraron mayor sincronía frente a los postulados de la extrema derecha. En su visita a Lampedusa, Francisco ya denunció: “Estamos anestesiados ante el dolor de los demás”. Tampoco suscribió nunca esa teoría ultra que rechaza la inmigración como un método de defenderse de un supuesto “reemplazo” cultural, incluyendo al catolicismo. En sucesivas alocuciones, el Papa criticó a los católicos que rechazan acoger inmigrantes y la “crueldad” de quienes pretenden levantar muros. Vox se dio por aludido, y su líder, Santiago Abascal, replicó: “Cuando habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, las respeto, pero no tengo por qué compartirlas y de hecho no las comparto”. También Iván Espinosa de los Monteros, entonces todavía en el partido, declaró: “Me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano a cuantos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera; nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes quiere recibir (...) y el derecho a decidir cuáles inmigrantes vienen porque no es lo mismo uno hispanoamericano, que tiene una tradición, cultura, idioma, facilidad de integración... que otros”.

El otro asunto en el que el Gobierno de coalición y el Papa se alinearon frente a la extrema derecha fue el ecologismo. Francisco, como recuerda la politóloga Cristina Monge, experta en Transición Ecológica, “es el único Papa que ha escrito una encíclica, Laudato si’, sobre la necesidad de cuidar la casa común, el Planeta Tierra”. Vox suele referirse a la Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, impulsada por la Asamblea de la ONU y apoyada por el Gobierno español, como “fanatismo climático”.

Las críticas al Papa no solo han venido de la extrema derecha. En 2021, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pareció reprender al pontífice cuando se mostró “sorprendida” por la carta que este había enviado, con motivo de las celebraciones de los 200 años de independencia de México, al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rogelio Cabrera López, invitando a “sanar las heridas” del pasado. Unos días antes, Ayuso había realizado un alegato en favor “de la historia real y de uno de los momentos más importantes de la Historia”, y contra “la corriente peligrosa del comunismo a través del indigenismo”. Desde el inicio de su pontificado, en los sectores más conservadores de la política y de la propia Iglesia hubo corrientes que identificaron a Bergoglio como un Papa de izquierdas. En España, el obispo de Orihuela llegó a apartar de sus funciones a un cura por tachar a Francisco de “hereje” por bendecir “a parejas irregulares, es decir, homosexuales, no casados o divorciados”. Y el arzobispo de Toledo reprendió a otros dos curas por “rezar mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes”. Otro grupo de sacerdotes de la archidiócesis lideró una recogida de firmas para que Francisco anulase la declaración Fiducia Supplicans, en la que aprobaba bendecir a las parejas homosexuales, aunque sin equipararlas al matrimonio.

La resignificación de Cuelgamuros

En su segunda reunión con el Papa, en octubre del año pasado, Sánchez llevó al Vaticano otros dos asuntos, para intentar desatascarlos: el pago de indemnizaciones a las víctimas de pederastia y la “resignificación” del Valle de Cuelgamuros, que para el Gobierno pasaba por el desalojo de la comunidad benedictina. En el primer caso, la Iglesia insiste en llevar a cabo su propio plan de reparaciones, y en el segundo, el Ejecutivo terminó cediendo al permitir que un miembro de la Iglesia participe en el jurado para elegir el mejor proyecto en un concurso internacional de ideas y sobre todo, al acceder a que los benedictinos permanezcan en el mausoleo, algo que habían descartado hasta ese momento al considerar su presencia allí “incompatible” con la resignificación. El pacto, alcanzado tras una nueva visita de Bolaños al Vaticano, permite que esa remodelación afecte a parte de la basílica, donde se encuentran las criptas en las que yacen más de 33.800 víctimas de la Guerra Civil. En 2019, el Vaticano no se opuso al traslado de los restos de Franco del mausoleo al cementerio de Mingorrubio, pese a las esperanzas depositadas en el Papa por los herederos del dictador y el entonces prior, Santiago Cantera, que hablaban de “profanación”. Fuentes del Gobierno celebran el relevo de Cantera y la salida de otros dos monjes profranquistas tras el acuerdo para el último paso de la remodelación del mausoleo.

También había puesto en su punta de mira el Papa al Opus Dei, organización fundada en España por Escrivá de Balaguer hace casi cien años y que hoy tiene una causa abierta en Argentina, país de origen de Francisco, por trata de personas y explotación laboral. El libro Opus, Ingeniería financiera, manipulación de personas, y el auge de la extrema derecha en la Iglesia católica (2024), al que el británico Gareth Gore dedicó cinco años de investigación, terminaba precisamente así: “Si Francisco fallece antes de que se produzca una reforma real —y si su sucesor se muestra incapaz de continuar con su iniciativa—, el Opus Dei saldrá vigorizado y desafiante de su experiencia cercana a la muerte”.

Inmatriculaciones, impuestos y los acuerdos con la Santa Sede

En 2022, después de un trabajo de años y decenas de reuniones en una comisión específica sobre el asunto, el Gobierno logró que la Iglesia itiera que al menos un millar de los 35.000 bienes (20.000 de ellos lugares de culto) que inmatriculó de forma extraordinaria a partir de 1998 aprovechando una reforma de José María Aznar no son suyos.

Con el papa Francisco, Sánchez aparcó viejas promesas vinculadas a la relación con la Iglesia. “No somos anticlericales, pero sí laicos. Derogaremos los acuerdos de la Santa Sede”, prometía en 2014. La revisión de dichos acuerdos aparecía y desaparecía de los programas electorales socialistas. En el de 2016 figuraba el compromiso de “denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede” y “actualizar en la Constitución el principio de laicidad según la interpretación del Tribunal Constitucional y suprimir la referencia a la Iglesia Católica”. Y la resolución política del último congreso del PSOE, de diciembre del año pasado, rezaba así: “Nuestra voluntad es culminar un sistema educativo laico con la religión fuera del horario escolar cuando se revise y derogue el acuerdo sobre asuntos educativos y culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede”. Algo similar sucedió con la bula fiscal de la Iglesia. El Gobierno acordó en 2023 con la Conferencia Episcopal el fin de las exenciones que afectaban al gravamen sobre construcciones, instalaciones y obras y al impuesto por contribuciones especiales, pero la Iglesia sigue sin pagar el IBI por los inmuebles que le generan beneficios y otros impuestos.