Un juez ordena investigar a Lucho Herrera, gloria del ciclismo colombiano, por la desaparición y asesinato de cuatro vecinos de su finca

Luis Alberto Lucho Herrera, el ciclista que en los años ochenta llenó de orgullo y gloria al deporte colombiano con sus triunfos en Europa, ha sido acusado de pagarle a los paramilitares por desaparecer y asesinar a cuatro de sus vecinos en su natal Fusagasugá para quedarse con sus tierras. Un juez ha ordenado a la Fiscalía investigar al Jardinerito, como es conocido, por la presunta desaparición forzada ocurrida en 2003. El sustento son las declaraciones que han rendido tres exparamilitares confesos, quienes lo señalaron de haber pagado 40 millones de pesos (unos 14.300 dólares) por el crimen. Uno de ellos, Luis Fernando Gómez Flórez conocido como Ojitos o Ferney, aceptó su responsabilidad por la desaparición forzada de Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez.

El antiguo encargado de finanzas de las Autodefensas Campesinas del Casanare en el municipio de Fusagasugá, unos 60 kilómetros al sur de Bogotá, fue condenado con una sentencia fechada el 7 de abril. El documento, revelado este domingo, explica que su versión es que en 2003 le cobró una extorsión a Herrera, y el deportista dijo que lo arreglaría directamente con Martín Llanos, el líder de ese grupo paramilitar”. Cuenta que, para ello, visitaron a su comandante y este “nos dijo que le colaboráramos [a Herrera] en lo que él quisiera”. Regresaron a Fusagasugá y se encontraron con el ciclista. “Ahí es donde el señor Lucho les pide [a los comandantes] que le colaboren con unos milicianos que supuestamente lo iban a secuestrar en el sector de Silvania para arriba de la vereda Aguadita que colinda con la finca de Lucho Herrera”.

El paramilitar contó que Herrera les entregó dos sobres: uno con las fotografías de quienes señalaba como milicianos de la guerrilla, otro con los 40 millones de pesos en efectivo. También narró el crimen. Dijo que llegaron hasta las viviendas de los campesinos con brazaletes del DAS, la ya desmantelada institución de inteligencia, los asesinaron “y los enterraron en la misma finca del señor Lucho Herrera”. Dice, también, que “luego se supo que estas personas no eran milicianas de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger [asesinar]”.

Óscar Andrés Huertas, otro paramilitar judicializado por el mismo caso y conocido como Menudencias, le dijo a la justicia en 2018 que Herrera participó, y explicó que asesinaron a los campesinos con sevicia. “Los degollamos, luego los descuartizamos con machete. Hicimos dos fosas de 50 [centímetros] x 50″. El tercer integrante del grupo en declarar contra el ciclista fue Héctor Díaz Gaitán, quien en 2018 dijo que conoció a Herrera en un restaurante y que, en una reunión en su finca, organizaron las cuatro desapariciones.

El ciclista de 63 años, ganador de la Vuelta a España en 1987, ha defendido su inocencia a través de un comunicado de prensa difundido este lunes. “Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta”. También negó conocer a los exintegrantes de las Autodefensas que lo señalan y asegura que ya se puso a disposición de la Fiscalía para colaborar con la justicia.

Los familiares de las víctimas llevan más de dos décadas buscando justicia y argumentando que no eran guerrilleros. Andrés Rodríguez, sobrino de Diuviseldo Torres Vega, dijo al periodista Daniel Coronell que solo con la reciente sentencia conocieron del señalamiento a Herrera. “A mi mamá, que es la demandante, le llegó la notificación este mes de la declaración que hacen los paramilitares donde mencionan a Lucho y Rafael Herrera, [el hermano del ciclista]”. Rodríguez cuenta que, con el giro que toma la investigación 22 años después del crimen, siente temor. “Si es verdad que él pagó 40 millones de pesos, puede pagar más para silenciarnos”. Aclara que nunca supieron que Herrera hubiera buscado comprar la tierra de sus familiares. “No sé cuáles eran las intenciones de Rafael y Lucho Herrera, pero nunca hubo un comentario acerca de venta de fincas”. Y cuenta que, cuando los paramilitares interceptaron a su tío, le dijeron que era para un asunto “de robo de ganado”.

Para 2003, Herrera ya era una víctima directa del conflicto armado. En marzo de 2000, tres años después de su retiro del ciclismo profesional, guerrilleros de las FARC lo secuestraron en el vecino departamento del Tolima. Ha contado que lo llevaron hasta una montaña que tuvo que cruzar a pie, llegó a un campamento guerrillero y allí lo encerraron en una habitación oscura. Menos de 24 horas después, fue liberado. “Me atendieron muy bien, dentro de lo normal”, dijo entonces Lucho.

Las Autodefensas Campesinas del Casanare fue un grupo paramilitar autónomo, que no se unió a las poderosas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Originadas en los años setenta en el departamento de los Llanos Orientales que les dio su nombre, hacia el cambio de siglo se extendieron hacia el occidente, a las vertientes andinas que rodean Bogotá, a inicios del milenio. Así llegaron a Fusagasugá, un municipio que controla el corredor natural entre Bogotá y el sur del país.