Mismas promesas, nuevo Gobierno: los campesinos del Catatumbo acogen con escepticismo el programa de sustitución de coca de Petro

Una campesina de Tibú, en la región colombiana del Catatumbo, ha decidido dejar de cultivar coca. “Tengo ganas de acabar esta vaina. Ahora que se formó el conflicto, hay que sembrar otra cosa”, afirma sin revelar su identidad por motivos de seguridad. Sus expectativas están puestas en un nuevo programa de pagos mensuales que el Gobierno de Gustavo Petro lanzó para los campesinos del Catatumbo que se comprometan a sustituir sus cultivos de coca por productos como el cacao y el aguacate. Dice que con eso podrá rehacer su vida en una finca de una hermana en el departamento vecino del Cesar. El problema es que el objetivo del Ejecutivo no es ese, sino que los 66.000 desplazados del Catatumbo vuelvan a las tierras que dejaron en enero, tras una sangrienta ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La campesina asegura que ni siquiera contempla esa opción. “Me da miedo volver y quedar en medio de una balacera”, explica.

La mujer, en conversación con este periódico en Tibú, relata que tenía un contrato para sembrar sus cultivos en la finca de un hombre presuntamente vinculado con las disidencias de las FARC. Dice que el ELN lo expulsó en enero y que ella, por miedo a quedar en medio de enfrentamientos, se desplazó a Cúcuta, la capital departamental. Allí le dijeron que el viernes 9 de mayo debía acercarse a un acto del presidente en Tibú para continuar con los trámites de RenHacemos Catatumbo, el programa de sustitución de cultivos. Cuando llegó, luego de cinco horas en carretera, le comentaron que en realidad su trámite ya está muy avanzado y que solo debe esperar a que las oficinas en Bogotá validen los documentos. Le sugirieron que se quede a escuchar a Petro para informarse más del programa.

Está frustrada porque es cerca del mediodía y salió de Cúcuta a las cinco de la mañana. Pero no siente enojo hacia el presidente. Al igual que los otros campesinos en el acto, mantiene su apoyo incondicional al primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea. Eso sí, duda de que el programa de sustitución de cultivos tenga éxito. No cree que se puedan reutilizar las tierras de la coca para sembrar cacao o aguacate, así los ingenieros aseguren que es posible luego de un saneamiento. “El veneno mata a la tierra. Es tierra muerta”, afirma.

Tres horas más tarde, aterriza el helicóptero del presidente y comienza el acto. Petro da un discurso encendido en el que enfatiza que la paz no se alcanzará solamente con los operativos militares, sino que requiere de inversión social. Por ello, destaca el programa de sustitución de cultivos y otra batería de medidas que lo complementan: la titulación de 387 propiedades a campesinos por parte de la Agencia Nacional de Tierras, el mejoramiento de viviendas rurales, una bolsa de becas de educación superior. “Titular tierras es fundamental para construir la paz porque un campesino con título piensa tres veces en arriesgar esa tierra en un cultivo que sabe que va a ensangrentar a sus hijos. Piensa más en sembrar cultivos que le permitan vivir sin miedo”, resalta.

La directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, explica en su discurso que el programa que encabeza tiene tres componentes: un pago mensual durante un año (1,3 millones de pesos; 300 dólares), la inversión en desarrollo agropecuario para establecer otros cultivos, y medidas adicionales como el mejoramiento de vías para facilitar la comercialización. Reconoce que hay razones para dudar del programa, sobre todo ante el fracaso de proyectos previos que no contaron con la financiación necesaria y resultaron en que los campesinos volvieran a cultivar coca. “Quiero agradecerles por creer en nosotros una vez más cuando han pasado muchos gobiernos que han venido a hacer promesas y no han cumplido”, dice.

2.990 inscripciones

El presidente aseguró en su discurso que ya hay 8.000 hectáreas inscritas en el programa y reconoció que es una cifra baja en comparación a las 50.000 que se calcula que tienen cultivos de coca en el Catatumbo. “El programa debe pasar de 8.000 a 20.000 y ojalá a 50.000”, dijo. Asimismo, la cifra de 8.000 sobredimensiona la acogida que ha tenido el programa. Implica la participación de 2.990 familias, un número menor cuando se lo compara con la ambiciosa meta de 9.000 hogares que señala un comunicado de la Dirección de Sustitución de Cultivos.

Las cifras actuales no representan una amenaza para las dinámicas de los armados. Una beneficiaria del municipio de Tibú, que también prefiere mantener su identidad bajo reserva, comenta que los grupos a los que les vendía coca ni siquiera se han inmutado. “No ha habido repercusión porque igual hay mucha gente [que les sigue vendiendo]. Obviamente da igual porque hay más oferta”, afirma. Algo similar opina otro vecino del mismo municipio: “No se va a ver la inversión que se necesita, aquí no hay vías siquiera (...). Aquí hay coca a la lata, es difícil que se deje de producir”.

Para los participantes del acto, dudar del nuevo programa de sustitución de cultivos no es excluyente con apoyar al mandatario y agradecer su visita. María Carvajal, secretaria de la junta directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), señala que, para ellos, Petro es un presidente que al menos “quiere solucionar” los problemas de la región. Lo compara con Iván Duque (2018-2022), al que define como alguien que “no quiso cumplir los acuerdos de paz” y a quien considera como el responsable de la crisis actual. “No hubo cumplimiento y eso hizo que los otros [los grupos armados] agarraran argumentos para fortalecer nuevamente los cultivos ilícitos. Les dijeron a los campesinos: ‘No, no les cumplieron, vuelvan a sembrar”.

Carvajal explica, además, que el Catatumbo no tiene otra opción que darle una oportunidad más a este tipo de programas y aferrarse a la esperanza de que esta vez funcione. A diferencia de otras partes del país en las que los campesinos ni quieren escuchar hablar del tema, en esta región la violencia ha cortado todo tipo de posibilidades de sustento económico para los desplazados. “La gente se está acogiendo por el conflicto armado. Necesitan vivir de algo”, apunta.

Sin embargo, las dificultades son evidentes. “Es difícil mientras haya comercio de coca. El que tiene poquito se está sumando, pero el que tiene bastante no va a sustituir porque no hay garantías [de que el programa tenga éxito]. Quieren seguir con el negocio grande”. Cree, además, que muchos desplazados van a preferir una opción de financiamiento que no resuelve el abandono de tierras: eliminar los cultivos de hoja de coca a cambio de emprendimientos (por ejemplo, una peluquería) en otras partes del país y dejar atrás el Catatumbo. Duda que se pueda sembrar cacao en donde antes hubo coca. “La tierra se vuelve estéril, es muy difícil sembrar otro producto ahí”, afirma.

La violencia, mientras tanto, sigue muy presente y obstaculiza el programa de sustitución de cultivos. Varios de los consultados comentan que todos los días se escucha sobre muertos en las zonas rurales de Tibú, un área que sigue en disputa entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Aunque el programa contempla transferencias económicas durante un año para dar tiempo a que se controle la situación y pueda comenzarse a invertir en los nuevos cultivos, no hay garantías de que este plazo sea suficiente. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre tres escenarios posibles en los próximos meses: una consolidación del ELN, un recrudecimiento de los enfrentamientos entre esta guerrilla y el Frente 33, y la expansión del Clan del Golfo en la región.