El PSOE sacude el mercado de la vivienda con una batería de medidas fiscales

El PSOE ha echado toda la carne en el asador para enfrentar el drama de la vivienda en España. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una amplia proposición de ley para descongestionar el mercado residencial, con medidas dirigidas a limitar los pisos turísticos, frenar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, asegurar la permanencia del parque público e incentivar la bajada de precios en los arrendamientos. Destacan las propuestas de carácter fiscal, pero también cambios regulatorios para intentar ampliar el parque inmobiliario disponible.

La iniciativa fue presentada de manera sorpresiva tras una reunión entre la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, junto a otros representantes del grupo, y da forma al paquete anunciado en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Sobran Airbnb y faltan viviendas”, dijo entonces a modo de resumen. La batería de medidas sigue la filosofía del preludio que avanzó el jefe del Ejecutivo hace casi seis meses, pero profundiza mucho más en los detalles.

La propuesta, pese a la ambición, llega en un contexto parlamentario complicado para el Ejecutivo, que gobierna en minoría y necesita el apoyo de socios con posturas que muchas veces son antagónicas para sacar adelante cualquier iniciativa. La fragmentación del Congreso y las tensiones con algunos de sus aliados habituales hacen que el trámite esté todavía lejos de recibir luz verde. Pese a ello, el grupo socialista ha pisado el acelerador: ha registrado la propuesta este jueves porque esta semana vence el plazo para que las iniciativas entren en el último pleno antes de las vacaciones de verano.

El plan busca consolidar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada, y evitando la especulación. No en vano, detalla el documento, “nos encontramos ante uno de los grandes problemas al que se enfrenta hoy en día nuestra sociedad”. El paquete está estructurado en torno a tres ejes: construir más vivienda para afrontar el déficit habitacional, estimado entre 400.000 y 450.000 viviendas; mejorar la regulación para poner límites a un “mercado salvaje”; e incrementar las ayudas a los colectivos más vulnerables.

Principales medidas

Entre las medidas propuestas, se incluye la subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como una actividad económica más, y la creación de un nuevo impuesto complementario estatal sobre la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, con el fin de evitar, o al menos complicar, las adquisiciones de carácter especulativo. El impuesto, según la propuesta, duplicará el precio de la transacción, aunque tiene algunos agujeros. Por ejemplo, no afectará a empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad económica.

En paralelo, el PSOE ha presentado una suerte de extensión a la ley de vivienda para ampliar las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el tramo estatal del IRPF a zonas que no hayan sido declaradas como tensionadas, un paso que corresponde a los gobiernos autonómicos y que solo se ha llevado a cabo hasta la fecha en Cataluña. De esa manera, todos los caseros de España podrían rebajar las rentas para ceñirse al índice de precios oficial y aplicarse los beneficios fiscales contemplados, aunque la comunidad autónoma de residencia decida no aplicar la ley.

Por ejemplo, cuando se actualice un contrato y la nueva renta esté por debajo de los umbrales fijados por el Ministerio de Vivienda (unos límites que aún no están definidos, pero que podrían ser los del índice oficial de precios), las ganancias del alquiler se reducirán en el IRPF en su totalidad, un 100%. Por su parte, si el precio se rebaja un 5% respecto al contrato anterior y el inquilino tiene menos de 35 años y la casa está en un área tensionada, la reducción será del 95%. Si la vivienda no está en una zona caliente, pero el arrendatario es joven, la rebaja llegará hasta el 85%.

El PSOE también propone endurecer la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (las conocidas como socimis), que pasarían de tributar el 15% al 25%, salvo que se trate de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. Y pone sobre la mesa un aumento de la tributación por vivienda vacía, con el objetivo de “incentivar su salida al mercado del alquiler”.

El abanico de medidas socialistas también recoge una medida que penaliza fiscalmente a quienes mantengan viviendas vacías, especialmente si poseen un gran patrimonio inmobiliario, incentivando así su puesta en alquiler. Mediante la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF, la propuesta sustituye el tipo fijo actual por una escala progresiva basada en el valor catastral del inmueble en cuestión: desde un 1,1% para valores de hasta 100.000 euros, hasta un 3% para los que superen el millón de euros.

En el apartado tributario, también se plantea modificar la ley del IRPF para ampliar a 2025 las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética. A su vez, se sugiere un cambio de la Ley de Contratos del Sector Público para impulsar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda y hacer frente al déficit habitacional, así como una actualización de las tablas del incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana.

Para asegurar la permanencia del parque público de vivienda, se propone regular la transmisión de suelos y Patrimonio del Estado a SEPES, y modificar la Ley de Patrimonio de las istraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo titularidad pública.

El contexto para presentar esta batería de propuestas no podía ser más propicio —o más urgente—. En los últimos meses, la presión social en torno a la vivienda ha ido en aumento. Los precios del alquiler siguen escalando en muchas ciudades, especialmente en capitales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga, donde el peso del turismo y la escasez de oferta disponible están ahogando a la población inquilina. La compraventa, con un aumento sostenido de las operaciones, se ha encarecido y el metro cuadrado está más caro que nunca. Y los pisos turísticos, legales o no, han pasado a ocupar una parte predominante del debate político y ciudadano.

Desde la izquierda del Gobierno, los socios habituales —ERC, Bildu y Podemos— han intensificado su exigencia para que el Ejecutivo actúe con más contundencia. Dentro de la propia coalición, Sumar también redobla la presión sobre el PSOE. Las formaciones reclaman, entre otras cosas, topar más agresivamente los precios del alquiler, prohibir los apartamentos turísticos en zonas tensionadas o incluso eliminar beneficios fiscales a los propietarios.