Díaz pide prohibir el despido, el cierre de oficinas y la fusión en la opa del BBVA

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha detallado la lista de condiciones que su formación reclama que el Gobierno imponga en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Entre ellas, reclama una prohibición total del despido si la transacción sale adelante, el cierre de oficinas y la fusión posterior a la opa que ha planteado el BBVA. Además, también reclama una protección al crédito de las pymes y a las condiciones financieras que aplique la entidad resultante.

El Ministerio de Trabajo se pronuncia después de que este martes Economía decidiese elevar al Consejo de Ministros el expediente sobre la opa, ante la petición de cinco ministerios, entre los que se encuentra el de Díaz. La oferta llega a la mesa del Ejecutivo tras más de un año y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobase la transacción, pero sometida a una serie de compromisos, como el mantenimiento de las condiciones comerciales en las zonas más afectadas, el no cierre de oficinas allí donde no haya competencia o en áreas de rentas bajas o algunos blindajes en el crédito a las pymes. La ley establece que el Gobierno puede establecer condiciones adicionales para preservar el interés general.

El departamento de Díaz pondera, de acuerdo a un comunicado difundido este miércoles, la “profunda preocupación social e institucional” y el rechazo expresado por la sociedad catalana a la operación, que consideran “perjudicial para el empleo, el tejido empresarial y el territorio”. Reclama que este malestar sea escuchado y atendido por el Ejecutivo.

En concreto, apunta a que la operación “debe someterse a condiciones estrictas” para garantizar ese interés general o, si no, “impedir que se lleve a cabo”, algo sobre lo cual el Ejecutivo no tiene la capacidad, según la ley. Cita igualmente cuatro áreas de preocupación, en las que considera que el Gobierno debería actuar: el efecto sobre el empleo, el cierre de oficinas, la el crédito a empresas, las condiciones financieras y la concentración bancaria.

En cuanto al primer aspecto, Trabajo calcula que la transacción supondría el despido de 4.000 trabajadores, el 9,4% de la plantilla total. Por tanto, insta a que el Ejecutivo garantice el empleo íntegro en las dos entidades.

Con respecto a las oficinas, considera que la opa “perjudicaría especialmente a zonas rurales” y a comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Galicia, por lo que igualmente solicita que se prohíba a la entidad resultante de la opa cerrar ofcinas. El BBVA ya se ha comprometido ante la CNMC a mantener la presencia física en los municipios donde esté presente un solo competidor, no existan competidores en 300 metros, los 200 municipios con renta per cápita de menos de 10.000 euros y en los de menos de 1.000 habitantes, así como las oficinas centradas en empresas.

Igualmente, la vicepresidenta considera que el Sabadell es “una entidad clave” para la financiación de las pymes, por lo que genéricamente exige que el crédito se mantenga “en condiciones equivalentes a las actuales”. El banco que preside Carlos Torres también se ha comprometido con Competencia a mantener el préstamo a corto plazo, y el de medio y largo plazo de las compañías que tengan un 85% de los créditos con las entidades en liza, un porcentaje que rebaja al 50% en Cataluña y Baleares.

En cuanto a las condiciones financieras, Trabajo pone de manifiesto que la operación “reduciría aún más la competencia en el sector bancario”, lo que redundaría en “efectos muy negativos” sobre empresas y particulares. Así, de forma también genérica, pide que no se permita “empeoramiento de las condiciones del crédito y depósito, aumento de comisiones o peores servicios”.

Finalmente, la vicepresidencia segunda también aborda los efectos de la concentración bancaria, que sitúa entre los peores países de Europa. Según sus cálculos, 15 entidades representan el 69,48% del mercado, con un incremento de 15 puntos en 15 años. De consumarse la transacción, supondría “más riesgo” para el sistema financiero. Por tanto, reclama que no se permita la fusión posterior a la opa que quiere hacer el BBVA, algo para lo que sí tiene prerrogativas el Consejo de Ministros. En este respecto, el BBVA ha dejado la puerta abierta a realizar la operación aún sin fusión posterior, dado que considera que la mayor parte de las sinergias se materializarían igualmente.