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El Congreso da el primer paso para hacer obligatorio el Debate del Estado de la Nación

El PP sostiene que la investidura de Sánchez “no fue un acto de normalidad democrática, sino una transacción corrupta”

Macarena Montesinos
Xosé Hermida

El PP lleva días exigiendo al Gobierno que convoque el Debate sobre el Estado de la Nación y denuncia que el último —y el único desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno— se celebró en julio de 2022. Los populares prolongaron su ofensiva con una proposición de ley, debatida este martes en el Congreso, para reformar el Reglamento de la Cámara y hacer obligatoria la celebración del debate, cuya iniciativa corresponde solo al Gobierno. La propuesta superó el primer paso con el apoyo socialista, ya que el propio Ejecutivo había consignado una promesa semejante en el plan de regeneración democrática presentado el año pasado.

El cruce de acusaciones no se interrumpe en el Congreso ni cuando los grupos están de acuerdo. Sobre el contenido de la propuesta presentada por el PP este martes nadie presentó objeciones de fondo. Lo que plantea la iniciativa tomada en consideración es introducir en el Reglamento un artículo que obligue al Gobierno a someterse una vez al año a un debate de política general, salvo que en ese mismo ejercicio se celebren elecciones generales.

El acuerdo se plasmó en la votación. Los reproches, en el debate. En su presentación de la propuesta, la popular Macarena Montesinos lució el argumentario habitual para sostener que con Sánchez está en el peligro la democracia. Montesinos no llegó a dar el paso de cuestionar expresamente la legitimidad del Gobierno, pero dejó la idea flotando en el aire cuando afirmó que la investidura del presidente “no fue un acto de normalidad democrática, fue la escenificación de un negocio, de una transacción corrupta”.

Por los socialistas, Pedro Casares comenzó atacando a Mariano Rajoy, un ejemplo, según él, de gobernante que “no rendía cuentas”. “Ni siquiera estuvo en el debate de la moción de censura contra él”, enfatizó el diputado, quien se ufanó de que los suyos encarnan el ejemplo contrario: “Si hay un grupo que defiende el debate, el diálogo y el acuerdo, ese es el socialista”.

Como nadie parecía en desacuerdo con la iniciativa en sí, las intervenciones dieron pie a algunas digresiones. Esther Gil de Reboleño, de Sumar, cargó contra el tono habitual de la discusión parlamentaria, “atrapado entre la lógica del titular fácil y del enfrentamiento constante”. Por Junts, Josep Maria Cervera dedicó parte de su discurso a que al debate se le llame “sobre el estado de Nación”. “Una nación artificial y artificiosa que no es la nuestra”, proclamó el independentista.

Más concretos se mostraron Vox y PNV, que anticiparon enmiendas para retocar la propuesta. Por la formación ultra, Carlos Flores criticó que se excluyan de la convocatoria del debate los años electorales. Por los nacionalistas vascos, Mikel Legarda abogó por revisar los tiempos de intervención de los oradores y por buscar fórmulas que propicien “más espontaneidad” de la discusión.

La primera jornada del pleno semanal también sirvió para reflejar el amplísimo acuerdo sobre el concierto económico vasco. El único grupo que se opone es Vox, rechazo plasmado en una enmienda a la totalidad que se debatirá este jueves y contará con el rechazo del resto de la Cámara.

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Sobre la firma

Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.
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