El Congreso vota de nuevo sobre el futuro nuclear con la incógnita de Junts y en pleno debate sobre el apagón

En plena ofensiva contra el Gobierno por el apagón del pasado día 28, el PP ha vuelto a tomar la bandera de la energía nuclear. Los populares han situado las renovables en el punto de mira y exigen prolongar la vida de las centrales atómicas. Para forzar que el Congreso se pronuncie, el PP desempolvó este martes una proposición no de ley presentada hace seis meses con sugerencias sobre la estrategia energética del país, entre ellas, la apuesta por la producción nuclear. El futuro de la iniciativa, que se votará este jueves, depende de la posición, aún sin concretar, de Junts.

El Congreso ya se pronunció en febrero, en otra propuesta sin consecuencias prácticas, a favor de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. La apoyaron tres grupos de la derecha —PP, Vox y UPN— y prosperó gracias a la abstención de las dos fuerzas independentistas catalanas.

ERC, que entonces matizó que había votado en defensa de los trabajadores de las plantas, ha sido contundente este martes: “El tiempo de las nucleares se acaba”, sentenció su diputada Teresa Jordà. Junts mantiene la ambigüedad. “Lo estamos estudiando internamente con mucho rigor”, fue todo lo que concretó Pilar Calvo.

El asunto permitió anticipar el debate que se suscitará este miércoles con la comparecencia del presidente del Gobierno. Además de defender la nuclear, el popular César Sánchez insistió en asegurar que el Ejecutivo oculta las causas del apagón: “Lo saben, pero hacerlo público significaría reconocer el fracaso de su política energética”. Toda la izquierda lo rebatió, con argumentos más económicos que ambientales. La socialista Cristina Narbona; Eloi Badia, de Sumar; Mikel Otero, de EH Bildu, o Noemí Santana, de Podemos, esgrimieron que las renovables no solo son más limpias, también más baratas. Desde el otro extremo político, el PP se topó también con las críticas de Vox por haber pactado en Europa el modelo energético con los socialdemócratas.

El inédito apagón del 28 de abril ha avivado todavía más la guerra cultural sobre el futuro de la energía nuclear en España. La planificación energética del Gobierno, avalada por Bruselas además de acordada con las propias eléctricas en 2019, incluye un calendario de clausura de las cinco centrales que hay en el país. Pero PP y Vox llevan años embarcados en la defensa de la energía nuclear y en el rechazo a esa hoja de ruta trazada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

A las presiones desde el ámbito político se le añaden las de los grupos pronucleares. Este martes, antes del debate en el Congreso, Foro Nuclear (el lobby que aúna a las diferentes empresas con intereses en el sector atómico) ha vuelto a defender que se reconsidere el calendario de cierre de las plantas, que arrancará en 2027 con la desconexión del primer reactor de Almaraz (en Cáceres) y que concluirá con el cierre de la planta de Trillo (en Guadalajara) en 2035. El presidente de este Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha sostenido que existe un “clamor” contra ese cierre.

Pero lo cierto es que, pese al ruido y la presión, nada ha cambiado: las grandes compañías eléctricas, propietarias de las plantas, siguen sin presentar una propuesta para tocar ese calendario y que las centrales operen más allá de lo acordado en 2019. Porque la pregunta continúa siendo la misma: ¿quién pagaría que las nucleares sigan funcionando más allá de ese calendario? El principal motivo para el cierre es que la energía nuclear no puede competir en precio con las renovables. No resultan rentables. Las principales eléctricas piden al Gobierno que les reduzcan lo que llaman las cargas impositivas para poder seguir operando (o que se les garanticen precios fuera del mercado). Entre las tasas que deberían rebajarse, según argumentan, está la que sirve para afrontar el coste milmillonario de gestionar los residuos radiactivos que generan y el futuro desmantelamiento de las centrales cuando cierren.

Y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, volvía dejar claro este domingo en una entrevista con EL PAÍS que la ampliación de la vida de las nucleares “no puede ser para que los consumidores paguemos más, ni por la gestión de los residuos ni por ninguna otra razón”. Es decir, que el Gobierno rechaza tocar los impuestos y tasas.