El primer informe de la Guardia Civil sobre el suceso del AVE apunta a “robo con fuerza”

El primer informe que la Guardia Civil ha entregado al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Orgaz (Toledo), encargado de investigar la sustracción del cableado de cobre que colapsó el pasado domingo las líneas de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, apunta como principal hipótesis del suceso el “robo con fuerza”, según detallan a EL PAÍS fuentes conocedoras del contenido del atestado policial. El documento va en la misma línea que la denuncia que presentó ante el instituto armado el de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la que se hacía referencia, precisamente, a la presunta comisión de un delito de hurto en “conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico” recogido en del artículo 235.3 del Código Penal. El juez ha abierto ya diligencias previas para investigar los hechos como un delito de robo con fuerza en las cosas, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Las fuentes consultadas detallan que el atestado de los agentes no descarta otras líneas de investigación diferentes a la delincuencia común, pero destacan que las pesquisas no han encontrado hasta el momento indicios que sustenten la versión del supuesto sabotaje que el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha defendido desde el primer momento. Puente llegó a afirmar que la acción fue “bastante coordinada” y que quien robó el cable en cinco puntos clave de la línea “sabía a lo que iba”.

El documento policial ―que estas fuentes insisten en calificar como “preliminar”― se limita a recoger el contenido de la denuncia presentada por ADIF y el resultado de las pesquisas iniciales de los agentes en los cinco lugares de la línea de lata velocidad a su paso por la provincia de Toledo y separados por tan solo 10 kilómetros de distancia donde se produjo el robo de cable el domingo. El atestado hace hincapié en los daños especialmente graves que la sustracción provocó en un servicio esencial, como es el transporte ferroviario, y que afectó a más de 16.000 personas entre el domingo y el lunes, con retrasos en los trenes que alcanzaron las nueve horas.

El ministro Puente argumentaba sus sospechas de que el suceso era un sabotaje en el escaso valor de los 150 metros de cable de cobre robado (unos 300 euros, según las estimaciones de su departamento); la fecha elegida (el puente del 1 de mayo con un importante trasiego de viajeros) y que el tramo donde se produjo la sustracción no tenía vigilancia. En la misma línea se manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría. Esta mantuvo viva esta teoría al afirmar que “quienes ejecutaron este daño sabían muy bien el perjuicio, no eran fechas habituales. Era final de puente, empezaba la Feria de Abril... Había una clara voluntad de hacer daño”.

Sin embargo, en privado, otras fuentes del Ejecutivo ya suavizaban aquel día la hipótesis del sabotaje y se mostraban abiertas a la posibilidad que hubiera sido un simple robo. Este jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostraba también cauto antes de conocerse el contenido del primer informe de la Guardia Civil y aseguraba que “todas las hipótesis están abiertas”. Grande-Marlaska aseveraba que no se podía “excluir una ni otra” en referencia al robo y el sabotaje, por lo que instaba a “esperar” a los resultados de la investigación.

Sin embargo, expertos policiales insisten a este diario en que el suceso del domingo no difiere de otros robos de cobre cometidos recientemente en las infraestructuras ferroviarias. El pasado febrero la Guardia Civil informó de la detención de siete personas acusadas de robar 7.258 metros de cable de cobre en una línea férrea de Valencia. En total, 24 toneladas de este material. Un mes después caía otro grupo organizado, en esta ocasión en Ávila y Valladolid, al que se responsabilizaba de sustraer 1.600 kilos este metal en dos estaciones fotovoltaicas y otras tantas estaciones de repostaje de vehículos eléctricos en estas provincias.

Informes policiales apuntan que estos robos de cobre suelen ser cometidos por “grupos organizados” cuyos integrantes suelen ser originarios de países del antiguo bloque del Este, como Rumania y Bulgaria, y que, en un alto porcentaje, tienen antecedentes por hechos similares. Fuentes policiales destacan que el momento ―un domingo por la tarde, cuando la vigilancia es menor― y la forma ―cinco robos uno detrás de otro con pocos kilómetros de distancia― en el que se cometió el del domingo pasado se ajustan a la forma de actuar de estos grupos. Y añaden que el material necesario para cometer estos hechos es de fácil obtención: una furgoneta en la que desplazarse y guardar el cobre robado, y herramientas de corte como cizallas, hachas, radiales o alicates.

Fuentes policiales sitúan el inicio del auge de esta delincuencia en los primeros años del presente siglo a pesar de diversas medidas puestas en marcha desde entonces para combatirlo. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy activó un “Plan de Respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el material de cobre” para prevenir los robos y obstaculizar su venta en el mercado negro (buena parte de este material acaba en China) y modificó el Código Penal para agravar las penas de delitos de hurto “de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos”.

Pese a ello, las últimas estadísticas de Interior recogen que es un delito que sigue en alza. Solo en 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil investigaron 4.433 denuncias por sustracción de cobre y otros materiales conductores, un 87% más que seis años antes. Estas cifras son en realidad una aproximación, porque no recogen los sucesos de estas características registrados en País Vasco y Cataluña, donde la Ertzaintza y Mossos d’Esquadra tienen transferidas las competencias policiales. De hecho, Cataluña lidera de lejos las estadísticas de este tipo de robos, ya que en 2023 acumuló más denuncias (5.372) que en el resto de España en su conjunto (más de 4.000).