Las acusaciones piden tres años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez

Las acusaciones populares personadas en la causa que se sigue contra David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, en un juzgado de Badajoz han presentado su escrito de acusación en el que piden que se condena a tres años de cárcel al familiar del líder del PSOE. Las acusaciones ―que lidera el pseudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra― consideran al hermano de Sánchez responsable de un delito de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación y nombramiento ilegal. Todo ello por haber obtenido de manera presuntamente irregular en 2017 un puesto de alto cargo en la diputación pacense y por haber mediado después para que un extrabajador del Palacio de La Moncloa que era amigo suyo consiguiera un empleo en la misma institución.

Las acusaciones también piden para David Sánchez por los mismos hechos la inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa del doble del beneficio que hubiera obtenido durante los años que cobró de la Diputación de Badajoz, así como del obtenido por el exempleado de La Moncloa al que supuestamente enchufó para que trabajara con él. También reclaman que la justicia anule la convocatoria de oferta de empleo público por la que el hermano del presidente obtuvo su plaza en la Diputación bajo sospecha y a la que este terminó renunciando el pasado febrero en plena investigación judicial.

En su escrito, las acusaciones también piden juzgar a otras 10 personas, entre ellas el actual líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para el que también piden tres años de cárcel; y otros cargos de este organismo. Para Luis Carrero, el extrabajador de La Moncloa por el que supuestamente medió David Sánchez, Manos Limpias ―que es la que lidera las acusaciones populares― reclama un año y medio de cárcel.

Las acusaciones siguen con este escrito la línea marcada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa, que el pasado 28 de abril dictó el auto con el que daba el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a David Sánchez. En aquella resolución, la magistrada concluía que el proceso por el que el hermano del presidente consiguió el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz no fue fruto “de un proceso selectivo justo y trasparente”, sino que se realizó “sin cumplir los requisitos constitucionales”. En las dos ocasiones que ha declarado ante la magistrada, David Sánchez ha negado cualquier ilegalidad en su actuación.

Ahora en su escrito, las acusaciones se apoyan en las conclusiones de la magistrada para firmar que el puesto que finalmente se adjudicó al hermano del líder de PSOE se creó “a medida” de este y que, además, “no era necesario ni exigía jornada completa, ni ser de alta dirección [...]. Para otorgarle dicho puesto, se fingió un proceso selectivo, a todas luces un paripé, donde el resto de los candidatos no tenían posibilidad alguna”, añaden. Y recalcan que “David Sánchez hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo, obteniendo el puesto prevaliéndose de su relación familiar con Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y aceptando el nombramiento a pesar de ser plenamente conocedor de no reunir los requisitos exigidos para ello”.

Las acusaciones inciden en que, una vez adjudicado el puesto, el hermano del presidente “habría utilizado sus influencias en las autoridades de la Diputación de Badajoz [...] para obtener beneficios propios; en primer lugar, que se le nombrase coordinador de los conservatorios y, más tarde, siendo ya empleado público, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales hasta tal punto que al amparo de un cambio de nomenclatura se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo, sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”. También le atribuyen haber conseguido “que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente [en referencia al exempleado de La Moncloa Luis Carrero] fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”.

Sobre el líder extremeño del PSOE, las acusaciones aseguran que, “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del personal de alta dirección” conocía que el puesto que finalmente se adjudicó a David Sánchez “estaba destinado” a este y que “participó directamente en los hechos”. El escrito añade que, “del examen de los correos [electrónicos]” intervenido al familiar del presidente “se deriva que [este y Gallardo] tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”.