Sant Jordi por el realismo

El pasado 23 de abril, en plena celebración del Sant Jordi probablemente más multitudinario de la historia, centenares de personas desfilaron en Barcelona convocadas por el colectivo Sant Jordi per la Llengua. Según una de sus portavoces, Núria Alcaraz, “la gente tiene que salir a la calle porque estamos en situación de emergencia lingüística”, mientras su compañero Adrià Font declaraba que la jornada debía ser un punto de inflexión en la defensa del catalán de cara al futuro.

No quedó claro si 2.000 personas (según la Guardia Urbana) o 15.000 (según los organizadores) eran suficientes para refrendar ese punto de inflexión; comparadas con las decenas de miles que transitaban ansiosas para engrosar las cifras de ventas de libros y rosas, no son guarismos especialmente altos. Pero aparte de la circunstancia evidente de que por Sant Jordi la gente tiene otras prioridades, hay otros elementos que ayudan a explicar que la marcha no tuviera el carácter masivo que esperaban sus convocantes.

A finales de marzo, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat publicó los datos de la primera oleada de 2025 de su Barómetro de Opinión Política. Es importante retener que la mayor parte del trabajo de campo se realizó después de que se conocieran los resultados de la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población 2023, en los que ciertos analistas y organizaciones políticas creyeron ver confirmada su teoría de que el catalán vive un retroceso histórico sin precedentes. Pues bien, cuando a las personas entrevistadas por el CEO se les preguntó cuáles eran los principales problemas que tiene Cataluña, la emergencia lingüística no emergió. Por este orden, los problemas más mencionados fueron el a la vivienda, la inmigración, la insatisfacción con la política, la inseguridad ciudadana, el funcionamiento de la economía, el paro y la precariedad laboral. Y seguía un largo etcétera donde la lengua no apareció, salvo que pueda quedar incluida en la “crisis de la identidad catalana”, un problema que fue mencionado por un exiguo 5 por ciento de los entrevistados (tres días antes de Sant Jordi, la Generalitat encartó un póster en la prensa diaria con las cinco prioridades del gobierno catalán: no es extraño que el a la vivienda fuese la primera y que la situación del catalán no estuviese en la lista).

Sabiendo todo esto, las llamadas a politizar la lengua (otra vez) y a firmar un Pacto Nacional por la Lengua lleno de medidas “ambiciosas” y “valientes” hay que tomarlas con tiento. Con o sin Pacto (si se puede gobernar sin presupuesto, se puede hacer política lingüística sin Pacto), lo que necesita Cataluña no es una defensa del catalán ambiciosa sino realista, que mantenga los puntos fuertes de la lengua (ahí está el millón de radioyentes según el último EGM) y resuelva lo que es medianamente resoluble (el déficit de formación de catalán para inmigrantes adultos, por ejemplo), y no para satisfacer las exigencias más radicales, sino para atender a los deseos y necesidades del conjunto de la sociedad.