Juanjo, ante su desahucio en Ciutat Meridiana: “Mi casa resume la crisis inmobiliaria, ha tenido cinco propietarios distintos”

Una hipoteca para un piso modesto en un barrio periférico de Barcelona, comprado en pleno subidón previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Cambios en las condiciones de la hipoteca. Crisis. Paro. No poder pagar las letras. Amenaza de desahucio. Dación en pago. Alquiler social. No renovación del alquiler. Y vivir sin contrato aunque paga el alquiler cada mes. Mientras, el piso pasando de mano en mano: banco, inmobiliaria, dos fondos de inversión, gestora de activos. Hasta llegar a una orden de desahucio después de la no renovación del alquiler y perder la condición de vulnerabilidad. Juanjo Hernández Riesco (56 años) es el protagonista de esta historia. Su lanzamiento estaba previsto para este miércoles en Ciutat Meridiana de Barcelona, donde más de un centenar de personas se han concentrado para impedirlo y han conseguido que se aplace un mes: la comitiva judicial se ha marchado tras una larga negociación con los activistas y el Sindicato de Inquilinas y “por falta de efectivos policiales” para poder ejecutarlo.

No ha sido el único desahucio de esta mañana en Ciutat Meridiana. El de Monique, un piso propiedad del BBVA que desde 2013 suma moratorias (en origen, la que fijó el ex ministro Cristóbal Montoro para mitigar la durísima crisis hipotecaria) pero que no se ha renovado, ha sido también aplazado.

El barrio está a la cola en renta media de la ciudad, suma oleadas migratorias y simbolizó el tsunami de desahucios cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Aquí, las ejecuciones no cesaron ni durante la moratoria pandémica. Nadie tiene el recuento de los lanzamientos que ha habido en la zona, donde muchos de los pisos que se vaciaron fueron ocupados, con lo que la rueda de las ejecuciones no acaba nunca. “Mi casa resume la crisis inmobiliaria, ha tenido cinco propietarios distintos”, sentencia desde un barrio en el que ha vivido toda la vida, como sus padres, su hija y su nieta. “Aquí muchos migrantes cogieron la maleta y se fueron, pero yo no me quiero ir, conozco cada rincón del barrio y no podría pagar un piso en otro lado, con los precios actuales del alquiler”, afirma.

Juanjo compró su piso hace 25 años con su pareja de entonces. A la desaparecida Caixa Catalunya, que fue absorbida por el BBVA. “Empecé a pagar 500 euros y pico euros y al poco subió a 900″, cuenta. Entonces trabajaba de repartidor autónomo, para Panrico. Se quedó en paro, cada vez le costaba más pagar la hipoteca y le concedieron dación en pago: le perdonaban la deuda pero perdía el piso, aunque se podía quedar pagando un alquiler social. Y desde entonces, el piso ha cambiado tres veces más de manos: los fondos Divarian, Cerverus y ahora lo gestiona Intrum. Desde 2020, el vecino está sin contrato, legalmente está ocupando, porque la propiedad no quiso renovar el alquiler. Desde hace un año, además, no le reconocen como vulnerable, pese a que presentó la documentación necesaria, explica él. Lleva cinco años afiliado al Sindicato de Inquilinas, cuyos activistas han subido este miércoles hasta Ciutat Meridiana a apoyarle desde barrios del mismo distrito de Nou Barris, Vallcarca o el Poble Sec. Todo para pasmo de los vecinos que no están acostumbrados a tanta gente concentrada para parar un desahucio, algunos con camisetas y banderas del sindicato.

“¿Cómo puede ser que hablen Trump y Putin y yo no pueda hablar con mi casero?"

“Los bancos se deshicieron de los pisos y los traspasaron a fondos como si fueran cebollas, no querían problemas, y mientras han echado a la gente de pisos que están vacíos”, critica Juanjo. Explica que no le renovaron la condición de vulnerable porque pidió un crédito para un coche que necesitaba para trabajar. “No lo contabilizan como gasto doméstico. Los baremos que tienen para la vulnerabilidad dejan mucho que desear, parece que cada vez se la quieran dar a menos gente”, lamenta. Preguntada por el caso, Intrum no ha querido dar su versión en el conflicto. Juanjo trabaja de cocinero en una escuela. Cobra 1.200 euros, de los que paga 100 de alquiler. Asegura que está dispuesto a pagar, pero que no logra hablar con la propiedad. “¿Cómo puede ser que hablen Trump y Putin y yo no pueda hablar con mi casero?“, pregunta.

Juanjo ite que durante años no se implicó en el movimiento por la vivienda, pese a estar en uno de los meollos del drama. “Es verdad, hasta que no te toca la china no te das cuenta, he visto montones de desahucios, y hay mil razones para estar movilizado”. ¿Se arrepiente? “Visto lo visto, sí”.

El veterano presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana, Fili Bravo, con una década de desahucios a sus espaldas, constata que sí, que siguen las ejecuciones. “Hoy había otro, pero se ha parado”, dice. “Y mientras bancos y fondos van vaciando y cerrando pisos, con puertas de hierro, alarmas, ventanas tapiadas. No quieren estos pisos para alquilar o vender, los quieren para que sigan subiendo los alquileres”. Bravo está “alarmado” ante una nueva oleada de desahucios: “Hemos estado un año relativamente tranquilos, teniendo en cuenta que en Ciutat Meridana llegamos a tener una docena de desahucios a la semana, pero ahora vemos un repunte”.

Dos desahucios en una mañana

En una situación que se produce a menudo, este jueves había otro desahucio previsto. El de Monique, que también ha sido aplazado un mes. Asegura su hija, que se llama igual, que en 2024, cuando le tocaba prorrogar la moratoria, el juzgado no reconoció su condición de persona vulnerable: “Pese a que está peor que cuando se la concedieron la primera vez”. Los dos desahucios han sido aplazados por la gran presencia de activistas concentrados frente a los números 132 y 96 de la calle de Rasos de Peguera. Pese a los recelos que mantienen algunos colectivos de vivienda entre ellos (Juanjo se ha apoyado en el Sindicato de Inquilinas y Monique en la asociación de vecinos y la entidad 500x20), al final se ha producido la insólita situación en que activistas de las tres entidades, y de diversos barrios, se han unido en esta zona tan castigada y periférica.