El Supremo rechaza dar el segundo indulto a Junqueras

El Tribunal Supremo se niega dar un segundo indulto al exvicepresidente de la Generalitat y actual presidente de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras que suponga el fin a su pena de inhabilitación y le permita ocupar un cargo o empleo público. Esa decisión también pesa sobre los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Los cuatro sí recibieron un primer indulto en 2021 que supuso el fin de su condena a prisión por su participación en la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero en cambio se mantuvo la de inhabilitación, que se alarga hasta 2031 en el caso del exvicepresidente y hasta 2030 en el caso de los consejeros de la Generalitat.

La decisión del Supremo, suscrita en un informe, choca con la posición, modificada, de la Fiscalía, que si bien inicialmente también rechazaba el perdón a la inhabilitación, ahora considera que es una condena excesiva teniendo en cuenta que la Ley de Amnistía permitirá a otros implicados en el procés salir airosos de su responsabilidad penal “sin ser enjuiciados”, como sería el caso del expresident Carles Puigdemont. La Abogacía del Estado ha eludido implicarse en este asunto, mientras que la Dirección General de la Policía ha asegurado que Junqueras no ha cometido ningún delito desde que se benefició del indulto parcial.

Tras conocerse la negativa, Esquerra Republicana, que Junqueras ahora preside, cargó contra la decisión del Tribunal Supremo. “No nos sorprende esa posición, porque va en la línea del Supremo de dictar resoluciones políticas contra unas personas por su posicionamiento político”, ha asegurado el partido en un comunicado. El Alto Tribunal estudia una petición de indulto hecha por un particular. “De quien ha emitido una sentencia injusta y no aplica la ley de amnistía aprobada por el Congreso no se puede esperar otra cosa que persista la injusticia y la persecución”, continúa el texto. Con todo, desde las filas de ERC recuerdan que el auto conocido este miércoles “es un trámite perceptivo y no vinculante” y que la última palabra la tiene el Consejo de Ministros. Esta petición de segundo perdón para los líderes del procés, pendientes de la decisión del Constitucional sobre la amnistía, fue presentada por un particular, que el texto del Supremo recuerda que ya fue uno de los promotores del primer indulto.

El documento del Supremo es preceptivo pero no vinculante, pero con él, justo con el de los otros actores, el Ministerio de Justicia podrá elaborar su informe final sobre la concesión (o la oposición) del indulto de los líderes independentistas que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros.

El auto, firmado por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, destaca que el motivo por el que hace cuatro años solo se perdonaron las penas de prisión fue porque solo se podía conceder un indulto parcial. Su argumentación se escuda en la Ley del Indulto (de 1870), que, en su opinión, defiende “la conveniencia de que la excepcionalidad del indulto sea respetada y no se convierta en un instrumento llamado a bloquear el cumplimiento de las resoluciones judiciales”. Es por ello que consideran que un segundo perdón “vulneraría de forma flagrante la prohibición legal” y “se abriría una indisimulada vía de interferencia gubernativa en las resoluciones judiciales firmes”. “Lo que ahora se pide del Gobierno es que convierta lo parcial en total y que haga revocable lo que ha de ser irrevocable”, resumen.

Aparte de la argumentación jurídica, los firmantes del fallo considera que ni Junqueras ni Turull, Romeva o Bassa han modificado su actitud. “Esta sala no está en condiciones de dejar constancia de la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento”, señalan los magistrados.

En 2021 el Tribunal Supremo ya se opuso por unanimidad a indultar a los 12 líderes independentistas condenados por su participación en el procés, al negar argumentos de justicia, equidad y utilidad pública, tal y como marca la normativa. La concesión del perdón sería, en su opinión de entonces, “una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal”. Fue aquella posición la que impidió que el Gobierno ofreciera el indulto que ahora vuelve a estar sobre la mesa. Ahora, como entonces, la decisión vuelve a estar en manos del Ministerio de Justicia y, después, del Consejo de Ministros, que deberá adoptar la decisión.