El presidente de la Diputación de Valencia prevé “aclarar todo lo que sucedió” en la dana

“Voy a aclarar todo lo que sucedió”. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP, desplegaba en la mañana de este martes esta declaración de intenciones ante el acristalado enjambre de oficinas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Una hora y media después, el dirigente salía del complejo sin haber podido comparecer como testigo. Y sin cumplir su promesa. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la tragedia que dejó 228 muertos y un reguero de destrucción el pasado octubre, Nuria Ruiz Tobarra, suspendía su declaración tras la petición de la Fiscalía y de varias defensas, que han esgrimido dificultades para seguir la comparecencia a consecuencia del apagón masivo. La magistrada todavía no ha fijado una nueva fecha para escuchar a Mompó.

Con la de este martes, la declaración del presidente de la Diputación de Valencia se ha cancelado ya dos veces. Mompó tampoco pudo dar su versión el pasado 14 de abril, cuando estaba citado por primera vez. La jueza canceló entonces su comparecencia después de que la declaración como testigo de su antecesora, la socialista Pilar Bernabé, se prolongara durante casi siete horas. “Esperamos que a la tercera sea la vencida”, ha ironizado el mandatario.

Antes de cruzar la puerta giratoria del juzgado, Mompó proclamó que tenía previsto “dar la cara” y explicar cómo vivió la aciaga jornada. Y eludió pronunciarse sobre la tardanza en el envío de la alerta masiva a móviles, que la Generalitat remitió a las 20.11 del 29 de octubre, cuando había decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. “No sé si [el mensaje] llegó o no llegó tarde. No me toca hacer esas valoraciones. Tengo mi opinión que daré cuando me pregunten [en el juzgado]”, indicó. También precisó que no tenía “ningún problema” en mostrar el registro de llamadas de su teléfono durante la jornada de la riada.

El pasado marzo, el presidente de la Diputación reconoció que urgió que se enviará el controvertido mensaje de alerta en la reunión del día de la dana del Cecopi, el centro de emergencias de la Generalitat que pilotó la crisis. “¡Enviadla de una puta vez!”, llegó a decirle a la exconsejera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, en medio del caos. La tardanza en el envío del SMS masivo es una de las piedras angulares de la investigación de la jueza Ruiz Tobarra. La magistrada defiende en sus autos la tesis de que, si la misiva se hubiera enviado antes y con un texto correcto, el número de fallecidos habría sido menor.

Al comparecer como testigo, el presidente de la Diputación está obligado a decir la verdad y a responder a las preguntas de la magistrada, los fiscales, los abogados de las defensas y las cuatro decenas de acusaciones particulares y populares, que ejercen partidos como el PSOE, Ciudadanos o Vox.

En su declaración como testigo ante el juzgado, Bernabé reveló ante la magistrada que el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció la Unidad Militar de Emergencias (UME) al Ejecutivo de Carlos Mazón ocho horas antes de que la Generalitat enviara la alerta masiva a móviles para avisar a la población de la magnitud de la dana.