Carlos Fabra y Álex Debón, absueltos de cohecho en los patrocinios del aeropuerto de Castellón

“No culpables de cohecho”. El veredicto del tribunal popular que juzgaba desde este lunes al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, y al expiloto de motos Álex Debón, por las presuntas mordidas en los patrocinios del aeropuerto, ha exculpado a ambos por mayoría de votos: siete a favor y dos en contra, de haber recibido y entregado, respectivamente, “dádivas” como contrapartida a dichos contratos publicitarios. Tras la lectura del veredicto por parte del jurado popular, que Fabra ha escuchado impasible, frente a los sollozos del expiloto, el magistrado ha dictado de voz sentencia absolutoria para ambos.

“Estoy muy feliz, quiero dar las gracias a mi equipo jurídico porque se ha dejado la piel; al jurado por su trabajo y al estamento judicial. La sentencia es clara: absuelto”, ha remarcado el exlíder del PP provincial a su salida de la Audiencia de Castellón. “Al final siempre he confiado en la justicia y me he emocionado al escuchar el veredicto. Teníamos razón, no éramos culpables de nada de lo que se nos acusaba”, ha destacado por su parte Álex Debón.

Las defensas de los dos acusados que, aun con el cruce de adjetivos dejando entrever la tensa relación actual entre quienes fueran amigos -el letrado de Debón llamó “jeta” a Fabra por no devolverle el dinero a su representado, a quien calificó de “víctima” en esta causa-, se han mantenido firmes en una única versión: que la transferencia de 360.000 euros realizada en cinco remesas por el deportista a una cuenta bancaria del exmandatario fue un préstamo, y no una comisión, como cree probada la fiscalía.

Fabra afirmó que pidió el dinero por su mala situación fiscal y ante el embargo de su patrimonio. Según Debón, el préstamo fue reclamado por el exlíder del PP para afrontar los costes de su defensa “y evitar la cárcel” tras ser imputado por fraude fiscal. Los abogados de ambos han argumentado que si hubiera sido una mordida el dinero se habría cobrado “en efectivo y en mano” y se han escudado en que Carlos Fabra no tenía autoridad sobre los contratos de patrocinio en Aerocas, la gestora pública del aeropuerto y que él presidía. Era “un consejero” más, “no como El Padrino” que tenía a todos “en un puño”, dijo el letrado del expresidente de la Diputación.

Sin embargo, y según el ministerio fiscal, esa cantidad habría sido abonada al expolítico como contrapartida por los 3,6 millones para publicitar el aeropuerto de Castellón que recibió Debón desde Aerocas para promocionar la infraestructura en equipación, competiciones y eventos.

Tanto fiscalía como la defensa de la Generalitat, representando a Aerocas, han incidido durante todo el juicio, y también en sus informes finales, que los dos procesados “disfrazaron de préstamo” esta “mordida” cuando fueron “pillados” por Hacienda -en alusión a la inspección de la Agencia Tributaria a Debón que desató todo- y que lo del crédito “no se sostiene”, entre otras cuestiones, porque el contrato se firmó una vez realizados los primeros pagos.

El ministerio público pedía para ellos tres años y tres meses de prisión y el pago de una multa de 6.480 euros, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años para Carlos Fabra.

Hacia las tres y media de la tarde de este jueves la Audiencia Provincial de Castellón ha citado a las partes para conocer la declaración dictada por el tribunal y, como hiciera en la apertura del juicio, Carlos Fabra, con aspecto mucho más informal que en las jornadas anteriores, ha sido el primero en llegar, de nuevo junto a su hija, la exsenadora del PP Andrea Fabra. La lectura se ha hecho pública pocos minutos antes de las cinco de la tarde.

La causa juzgada esta semana sobre los patrocinios de Aerocas es la segunda que sienta en el banquillo de los acusados a Carlos Fabra, tras el juicio por fraude fiscal que le llevó a prisión en 2014. Comparten la misma dilación en la instrucción: diez años la primera y nueve años la segunda.

No será el último paso por el banquillo para Carlos Fabra, que cumplirá en agosto 80 años. El exmandatario del PP tiene otra causa abierta que investiga la trama familiar y empresarial, en la que figura el presidente del Villarreal, Fernando Roig, que supuestamente contribuyó a la ocultación de patrimonio para impedir la ejecución de la sentencia por fraude fiscal por la que fue condenado finalmente en 2013 a cuatro años de cárcel y al pago de una multa de 1,4 millones de euros.

Fabra entró en prisión en 2014 y cumplió tres cuartos de la pena. En abril de 2016, menos de un año y medio después de su ingreso penitenciario, obtuvo el tercer grado y pasó al centro Victoria Kent, al que sólo acudía para dormir de lunes a jueves. En la primavera de 2017 logró la libertad condicional.

Desde entonces, el que fuera hombre fuerte del PP en Castellón permanece alejado de la vida política. Un segundo plano que rompió hace dos semanas, cuando arropó al expresidente valenciano entre 2003 y 2011, Francisco Camps, durante el acto celebrado en el edificio Veles e Vents de Valencia para presentar su proyecto para liderar el PPCV.

Camps reunió a 1.600 militantes y simpatizantes, entre los que, además de Carlos Fabra, estuvieron otros expolíticos condenados por corrupción como Sonia Castedo -al frente de la alcaldía de Alicante entre 2008 y 2014, cuando dimitió tras su imputación en el caso Brugal- o Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de la Valencia y del PP de esta provincia, condenado a prisión por el caso Taula.