Galicia, la comunidad con más costa, recibe del Estado las competencias para gestionarla

El avance del autogobierno de Galicia se reactiva 17 años después y sin Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez y la Xunta del popular Alfonso Rueda han sellado un acuerdo para que la competencia de gestión del litoral sea autonómica. La comunidad con más kilómetros de frontera con el mar (un total de 2.555, entre costa, islas, marismas y playas) se iguala así a Cataluña, Andalucía, Canarias, Baleares y País Vasco. Este último territorio, el que ha recibido esta atribución más recientemente, se ha tomado como modelo en el caso gallego. Se trata del primer traspaso de competencias que la Xunta consigue del Estado desde 2008, ya que con Feijóo en la presidencia no se pactó ninguno, ni siquiera con Mariano Rajoy en La Moncloa.

Tanto Rueda como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (PSOE), han alabado este miércoles en Santiago las bondades del autogobierno autonómico. El presidente gallego ha advertido de que pretende hacerse también con las competencias para emitir alertas meteorológicas, conceder permisos de residencia y trabajo a inmigrantes y homologar títulos extranjeros. Y Torres le ha garantizado la voluntad de diálogo del Gobierno central para llegar a un acuerdo. El socialista, expresidente de Canarias, está convencido de que la gestión de la costa gallega “va a ser más efectiva” en manos autonómicas porque “se gobierna mejor teniendo en cuenta las características de cada territorio”, ha defendido. El popular le ha respondido ensalzando “la capacidad de gestión que aporta la cercanía”.

El traspaso se ha hecho oficial tras la celebración este miércoles en Santiago de una comisión mixta entre las dos istraciones y entrará en vigor el 1 de julio. La Xunta pasará a regular así los usos y actividades en la costa gallega, tanto en lo que afecta a viviendas como a empresas, incluida la concesión y prórroga de autorizaciones para ocupar el dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno gallego estima en 4.000 las edificaciones localizadas en estos terrenos, entre ellas más de un centenar de firmas del sector pesquero y marisquero.

El interés del PP gallego por que sea la istración autonómica la que gestione los terrenos más pegados al mar estalló cuando el Ejecutivo de Sánchez impulsó medidas para recortar las concesiones a las empresas que los ocupan, apelando a principios medioambientales y de adaptación al cambio climático. Después llegó un choque legislativo de Xunta y Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central recurrió dos leyes gallegas que regulaban diferentes aspectos de la ocupación del litoral porque, a su juicio, invadían atribuciones estatales. Se resolvió hace un año con una partida que acabó en tablas. Por un lado, el órgano de garantías anuló parcialmente una norma de medidas fiscales y istrativas derogando el plazo de 15 años que marcaba para restituir a su estado anterior las “obras y actuaciones ilegales realizadas en la zona de servidumbre de protección de costas”. Pero por otro, los magistrados avalaron casi íntegramente la ley autonómica sobre ordenación del litoral al desestimar 70 de las 72 impugnaciones.

Torres y Rueda se muestran ahora confiados en que el acuerdo en la “cogobernanza” del litoral evitará nuevos enfrentamientos por la gestión de unos terrenos que acogen y despiertan importantes intereses económicos. El presidente de la Xunta asegura que su istración tratará la costa “con todo el rigor técnico y jurídico”, “intentando compatibilizar el respeto al medio ambiente con las necesidades de que haya vida económica”. En este caso, el popular no ve peligro de que se rompa España: “No buscamos ningún tipo de enfrentamiento y no queremos dividir nada. Si a Galicia le va bien, a España le va bien”.

Imposición de sanciones

El pacto del traspaso recoge que será la Xunta la encargada de otorgar las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, los permisos en zonas de servidumbre de tránsito y al mar o la vigilancia, y la tramitación e imposición de sanciones. La istración central fijará el importe de los cánones por la utilización del dominio público marítimo-terrestre y se encargará del rescate de las concesiones por interés general. El acuerdo, informa Política Territorial, también establece una serie formas de cooperación entre las dos istraciones en la construcción o reforma de puertos y vías de transporte, y también sobre los informes que debe emitir el Ministerio de Transición Ecológica sobre los planes y normas de ordenación del litoral. El coste de la transferencia de personal y medios materiales supera los 1,2 millones de euros.

La gestión del litoral por parte de la Xunta es un paso más en el desarrollo del Estatuto de Autonomía aprobado en 1981. Son muchas las competencias recogidas en este texto que aún no están en manos del Gobierno gallego. Algunas transferencias pendientes son salvamento marítimo, tráfico y seguridad vial, seguridad social, salud penitenciaria, inspección de trabajo, paradores o inspección y vigilancia pesquera. En enero de 2019, con Feijóo de presidente de la Xunta y Sánchez ya en La Moncloa, los cuatro grupos parlamentarios de entonces (PP, En Marea, PSdeG-PSOE y BNG) alcanzaron un acuerdo para reclamar todas estas atribuciones, pero no fue hasta la marcha del antecesor de Rueda que el proceso revivió. “A este ritmo tardaremos 300 años en cumplir el actual Estatuto”, opina Ana Pontón, líder del BNG, quien critica que el PP no pida la creación de una policía autonómica como la catalana y se conforme con un cuerpo adscrito a la Policía Nacional. “Esa es su sumisión al centralismo”, le ha afeado a Rueda este miércoles en el Parlamento gallego.

Siguiendo la senda de Cataluña y Euskadi, el Gobierno de Rueda sí quiere encargarse de conceder los permisos de trabajo y residencia a inmigrantes. Esgrime que si se gestionan desde Galicia se agilizarán y servirán para fomentar la llegada de extranjeros y combatir el declive demográfico que sufre la comunidad. El martes, en un acto con los embajadores de Colombia, Ecuador, Paraguay y Honduras, proclamó que Galicia acoge a ciudadanos de estos países “con los brazos abiertos” y abogó por “una inmigración ordenada con garantías, con humanidad, con futuro”: “No queremos competencias porque sí, no se trata de cubrir un número y decir que las tienes y nada más, tienen que ser aquellas que sean realmente útiles y ahora mismo pocas se me ocurren más útiles que esta”.