Los datos oficiales no reflejan la alarma por la okupación de viviendas que fomenta Ayuso

“La inquiokupación, como la okupación, es un delito que se ceba con mucha gente inocente haciéndole grave daño”. La frase la pronuncia Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el 4 de febrero. Ese día posa en la sede de la Presidencia con la camiseta de una plataforma de afectados. “No somos un bulo”, se lee. Es el último paso para denunciar un problema que el PP ha convertido en una de sus banderas políticas, y que en Madrid cimenta una parte troncal de su discurso político y del de Vox. Sin embargo, los datos oficiales no reflejan la alarma que alimenta periódicamente la baronesa con sus intervenciones. Ayuso anunció en 2022 a bombo y platillo que el Canal de Isabel II bonificaría la tarifa del agua a quienes les habían okupado su vivienda: solo 18 se acogieron a esa opción en 2024. Asimismo, la Comunidad solo ha reconocido a 228 personas desde 2021 el derecho a ser compensadas por el alquiler que han dejado de cobrar por okupación de una vivienda en la que se ha suspendido el desahucio por considerarse vulnerable al inquilino, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia.

“O bien las campañas informativas destinadas a dar a conocer estas ayudas de Canal, ampliamente puestas como ejemplo por la Comunidad, no han llegado a sus posibles destinatarios, o el número de viviendas afectadas dista mucho de tener relación con los supuestos datos que usa el Gobierno de la Comunidad, con la presidenta Ayuso a la cabeza para generar alarma”, lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE. “Si tenemos en cuenta estos datos de solicitudes, como los que se pueden extraer de la memoria del Consejo de poder judicial, se evidencia que estamos ante un uso rastrero para generar miedo en la sociedad, tal vez una de las cosas más repugnantes que puede hacer un dirigente político en relación con sus conciudadanos”.

Las okupaciones de viviendas denunciadas como usurpación en la Comunidad de Madrid pasaron de 2.852 en 2023 a 1.616 en 2024, según la Delegación del Gobierno. Eso representa una reducción del 43%. Y en febrero, en las poblaciones dependientes de la Policía Nacional, había 894 okupaciones denunciadas de un parque de 2,8 millones de residencias, según la representación del Ejecutivo central.

Además, la tasa de desahucios vinculados a incumplimientos de contratos de alquiler por cada 100.000 habitantes fue en Madrid del 6,6 en el tercer trimestre de 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para una estadística liderada por los 14,8 de Baleares, los 12,8 de Cataluña o los 11,8 de Canarias. Y el número de sentencias y decretos dictados en procedimientos sobre arrendamientos urbanos de viviendas, que son los datos que mejor encajan con la “inquiokupación”, según el CGPJ, se redujeron un 11,3% y un 6,3%, respectivamente, entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024.

Nada de eso ha evitado que Ayuso haya puesto constantemente el foco en este asunto en 2025.

El 4 de febrero, Ayuso se reunió con representantes de la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación, y se fotografió con su camiseta. El 10, acusó al Gobierno de “fomentar la okupación” con la ley de vivienda y se reunió con Teresa Mateos, una mujer de 82 años, de la que contó que su casa de Fuenlabrada fue okupada por sus inquilinos, causándole, dice, “trastornos tal que su marido falleció de los disgustos y peleas que tuvieron”. El 11 de de febrero, en referencia al mismo caso, espetó: “Los de la pancarta de género que no se olviden de las mujeres que están solas porque son viudas o no tienen hijos y les okupan sus viviendas”. Y el 13 de febrero puso de nuevo la diana en el asunto durante el pleno de control de la Asamblea: “El 95% del mercado okupado es pequeño tenedor, no son los grandes [tenedores]”, aseguró.

En contraste, los datos disponibles insinúan que el problema, innegable para quienes lo sufren, no tiene las dimensiones que le da la presidenta.

El servicio de atención telefónica a víctimas de la ocupación comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022. Hasta el 3 de febrero de 2025 había recibido 3.826 llamadas (si la misma persona llama varias veces, se contarán todas esas llamadas) que derivaron en la atención de 219 ciudadanos (siete al mes) y en que en 42 ocasiones en más de dos años se haya evitado la okupación de una vivienda o se haya logrado desalojarla, según el Ejecutivo regional.

Además, la Comunidad de Madrid ite en documentación oficial consultada por EL PAÍS que hasta 2.499 viviendas que son responsabilidad suya, pues pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social (AVS), estaban okupadas sin título a finales de 2024, lo que no es equiparable a que haya denunciado todos esos casos. Es decir, que una parte significativa del problema que se denuncia está enraizado en la propia istración, y no en propiedades de los ciudadanos.

1,9 millones de euros

Finalmente, el gobierno regional apenas ha recibido desde 2021 770 solicitudes de compensación a los arrendadores y propietarios de viviendas okupadas en las que se ha suspendido el desahucio o lanzamiento por vulnerabilidad del inquilino. De ellas, solo se han estimado 228. Eso ha supuesto un gasto de 1.906.444,41 euros provenientes de fondos estatales. Hay otras 278 solicitudes en tramitación.

“No todas las personas afectadas por la inquiokupación tienen derecho a percibir esta ayuda”, defiende un portavoz gubernamental. “Si eres el arrendadador y, por lo tanto, el solicitante, debes aportar el auto judicial de suspensión del desahucio o lanzamiento”, recuerda. “Eso se le solicita a un juzgado, que es quien lo emite en función del informe de los servicios sociales si se determina que el inquilino es vulnerable”, añade. “En consecuencia, no se puede llevar a cabo el desalojo y el propietario se ve agraviado”, sigue. “La concesión de esta ayuda está delimitada a situaciones muy determinadas”, insiste. “No todos los casos de inquiokupación tienen derecho a la ayuda y no se puede generar una relación directa entre el número de solicitudes y el de personas afectadas por esta problemática”.

Es un reflejo de que el gobierno regional no ite al completo los datos oficiales. Por ejemplo, con respecto a los de la delegación del gobierno para Madrid, hechos con una metodología similar a los de toda España, un portavoz regional criticó en febrero que “no incluyen las okupaciones que no son delitos de allanamiento de morada o usurpación [por ejemplo, las okupaciones que no se han denunciado]” ni lo que denomina “inquiokupaciones”.

Por su parte, las plataformas que agrupan a las víctimas del delito de okupación no aceptan los datos oficiales con el argumento de que muchos afectados no denuncian y resuelven el problema por su cuenta (pagando para que los okupas se vayan o sean desalojados). Y de esta manera, el miedo se extiende alentado por xel altavoz de los políticos, y pese a los datos.