El Supremo avala la venta de 41 pisos a Blackstone y elimina la posibilidad de que los inquilinos los compren a precio de saldo

El Tribunal Supremo acaba de dar la razón al fondo de inversión Blackstone —a través de su filial española Fidere— y no estará obligado a vender a 41 familias de Carabanchel sus viviendas al precio de saldo al que las adquirió la empresa al Ayuntamiento de Madrid en 2013. En este caso, el alto tribunal ha considerado que no se cumplían las condiciones para otorgar a los inquilinos el derecho de retracto, es decir, su poder de compra preferente con las mismas condiciones con las que las adquirió el fondo. Por tanto, los pisos seguirán en manos de Blackstone.

La causa se remonta a la venta de 1.860 pisos del Gobierno municipal de Ana Botella al fondo buitre en un momento en el que necesitaba obtener liquidez para las arcas. Para ello, hizo un lote de pisos en diferentes promociones en distritos como Villa de Vallecas, Carabanchel y Centro y lo vendió al fondo Fidere. Las viviendas fueron adquiridas por precios muy inferiores al de mercado, algunas de ellas a 50.000 euros, una cuantía inimaginable por una casa.

Poco después de la adquisición, muchos de los vecinos vieron cómo el precio del alquiler de sus viviendas públicas y la mayoría optó por abandonar las casas. Algunos otros fueron desahuciados. Hubo pequeños grupos que decidieron resistir y luchar en los tribunales con diferente resolución dependiendo del juzgado y las condiciones que han valorado los magistrados en cada situación. En este caso, el Supremo ha dado la razón al fondo buitre, algo que no ha sucedido con otras promociones.

¿Por qué? La ley considera que para que exista el derecho de compra preferente del inquilino su piso debe haberse vendido de forma individualizada a un tercer sujeto, en este caso Blackstone. En lo que se refiere a estas 41 viviendas, el Supremo ha considerado que no fueron vendidas de forma unitaria, sino en bloque, lo que elimina el derecho de retracto de los inquilinos. La sentencia señala que el Ayuntamiento de Madrid vendió de forma conjunta todos los inmuebles del bloque de los que era propietaria en ese momento, aunque no fueran todos los pisos y locales de ese bloque.

“En este caso, la compraventa objeto de litigio, aunque es posible que no incluyera todos los elementos (viviendas y locales) del edificio donde se encuentran los pisos arrendados a los demandantes (porque, al parecer, no todos pertenecían a la vendedora), sí comprendía todas las unidades de las que la Empresa Municipal de Viviendas era titular en cada edificio al tiempo de la transmisión y que formaban parte de las distintas promociones objeto de la compraventa. Y en lo que afecta al caso, comprendía todas las viviendas de las que la vendedora era propietaria en ese concreto edificio”, señala el Supremo. “Que esa venta forme parte de otra operación más amplia (múltiples promociones inmobiliarias o edificios) es indiferente a estos efectos, al no impedirlo la ley”, recoge el fallo.

El pasado diciembre, cuatro familias de la calle Lope de Vega, en el centro de Madrid, recibieron la sentencia opuesta: el Supremo les daba la razón y habían ganado su derecho a adquirir sus viviendas a 60.000 euros. Entonces, los magistrados sí consideraron que aquella compraventa se había hecho de forma individualizada, con distintos precios y sin tener en cuenta unos trasteros de la finca. Ese fallo judicial llenó de esperanza al resto de inquilinos de esas viviendas sociales que decidieron luchar en los tribunales, pero esta sentencia supone un varapalo para todos ellos.