La Audiencia Provincial de Madrid archiva provisionalmente la causa contra Nacho Cano por los becarios de ‘Malinche’

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado provisionalmente la investigación abierta contra el productor Nacho Cano y sus colaboradores por un posible delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y favorecimiento de la inmigración ilegal al traer a España desde México a una veintena de supuestos becarios para su espectáculo musical Malinche. El auto, consecuencia del recurso de los abogados del excomponente de Mecano, es totalmente contrario al de la jueza de instrucción, a la que acusa de haber realizado una “investigación prospectiva”, sin base penal y demasiado “prolija”. Este tribunal sí acepta el archivo que solicitaron los abogados de Cano, porque entiende que no hay delito, o al menos “no suficientemente grave” y que, en todo caso, podría tratarse de una “infracción istrativa”.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defensora y amiga personal de Nacho Cano, se ha manifestado enseguida: “Nacho Cano es un hombre valiente, que se ha enfrentado a la justicia, que ha ganado. Quiero que el mundo de la cultura y España entera tome nota de lo que ha sucedido aquí. Es gravísimo. Esto sí que es censura. Se han dado situaciones que ni quiera con la dictadura franquista”. Por su parte, el promotor musical, que siempre ha defendido que era víctima de una persecución político-policial por su amistad con Ayuso, ha expresado su intención de “meter una querella espectacular contra esta jueza” instructora, Inmaculada Iglesias.

Las pruebas policiales presentadas, algunas declaraciones de los bailarines y los mensajes de WhatsApp que recibieron de los responsables de Malinche, evidenciaban que los estudiantes mexicanos fueron aleccionados para hacerse pasar por turistas al salir de México en diciembre de 2024. Incluso se les sugería en esos mensajes que portaran guías de viaje o que dijeran que tenían billete de regreso. Sin embargo, la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid lleva la contraria por completo a la jueza de instrucción y asevera que en su “auto interpreta erróneamente lo actuado, pues señala que los supuestos becarios recibieron instrucciones de hacerse pasar por turistas cuando llegaron al puesto fronterizo y se simuló falsariamente su verdadero destino”.

Según la magistrada ponente, Adela Viñuelas Ortega, solo se siguió “un procedimiento no poco común consistente en entrar como turistas sin necesidad de visado y una vez en nuestro país solicitar el visado para estudiantes, siguiendo un procedimiento más sencillo e incluso asumido por la Directiva de la UE indicada.”

“El procedimiento puede ser o no el adecuado”, abundan los magistrados, pero ”no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis”, que castiga el tráfico ilegal de personas.

No obstante, una vez en España, ese visado de estudios les fue denegado por dos veces por la Delegación de Gobierno de Madrid (competente en la materia) al considerar que no habían acreditado que la formación que iban a recibir de la escuela internacional Jana era reglada u homologada, como exigía la normativa.

¿Visado innecesario?

Según el nuevo auto del tribunal de la Audiencia Provincial, no era necesario ni pedir el visado, de acuerdo a esa otra normativa europea. Aunque nadie explica por qué entonces los abogados de Cano los solicitaron por dos veces y por qué la delegación exige que esa formación sea homologada si no es necesario que lo sea.

El tribunal de la Audiencia da por bueno también el segundo informe de la Inspección de Trabajo de Madrid, que avalaba y defendía el primero, mandado repetir por la jueza de instrucción al considerar que la subinspectora “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”.

Precisamente este miércoles, la jueza del juzgado número 19, recibió ese segundo informe que había solicitado a la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid. En él culpabiliza a la policía de los posibles errores cometidos por la subinspectora que realizó aquel primer informe, e insistía en que los becarios no tenían por qué ser trabajadores de la empresa de Cano.

“Dicho informe [el segundo] es suficiente y se entiende que el resto de las diligencias son excesivamente prolijas sin suficiente base para considerar en el presente procedimiento que la finalidad ha sido diferente a la alegada y que ha sido aprovechada para una explotación de los becarios encubriendo su condición de trabajadores”, concluye la Audiencia, en una auto que es una enmienda a la totalidad de la investigación desarrollada por la jueza instructora.

Largas jornadas de “prácticas”

Respecto a las largas jornadas de ensayos y a la participación de los 17 becarios en el espectáculo de Cano descrita por los bailarines mexicanos, la magistrada reconoce que “es cierto que han podido tener un horario algo distinto al habitual”, pero lo justifica arguyendo que “no es tan extraño al tratarse de un musical en el que es difícil ajustar a las condiciones normales”. E insiste: “No puede considerarse que los utilizaran como trabajadores sino para que pudieran aprender con dicha participación”.

Y sobre la remuneración económica —primero de 300 euros al mes y luego de 500 euros— recibida por los supuestos becarios en prácticas (no dados de alta tampoco en la Seguridad Social), dice el tribunal: “Lo mismo cabe decir de las asignaciones recibidas... no se trata de trabajadores sino de personas que reciben una formación que puede servir para su futuro como es frecuente en otras empresas que en su trabajo cuentan con estudiantes como becarios a los que en absoluto pagan un salario ajustado al propio de los trabajadores”.