Fin entre reproches a la investigación del ‘caso Begoña Gómez’ en la Asamblea de Madrid: “Ha sido un aquelarre en directo”

—El PP ha querido convertir la Asamblea de Madrid en los juzgados de la plaza de Castilla. Ha sido un aquelarre retransmitido en directo. Una utilización de las instituciones en beneficio propio, para acabar con una pira funeraria trayendo aquí a declarar al presidente del Gobierno [Pedro Sánchez, que no acudió]. Una pura estrategia de acoso con un plan de trabajo amañado.

Así habla este jueves Marta Bernardo, diputada del PSOE, y sus palabras actúan como un bisturí con el que diseccionar el ruido provocado por el debate en la Asamblea de Madrid del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria del caso Begoña Gómez.

Primero, porque recuerda que los trabajos impulsados para esclarecer el supuesto trato de favor recibido por la esposa de Sánchez en su relación profesional con la Universidad Complutense se han hecho con el objetivo de desgastar al Gobierno central, y aprovechando una mayoría absoluta, la del PP de Isabel Díaz Ayuso, que al mismo tiempo veta asuntos estrictamente madrileños. Por ejemplo, investigar las 7.291 muertes en residencias de la región durante la pandemia.

Segundo, porque refleja cómo los conservadores han usado su poder institucional para diseñar la investigación a su medida, maniatando tan descaradamente al resto de partidos como para que Vox, Más Madrid y PSOE coincidieran en protestar.

Y tercero, porque no ha habido ninguna novedad de calado tras casi una veintena de comparecencias y largos meses de trabajos, resumidos en un dictamen que se aprobará gracias a la mayoría absoluta del PP.

“Querían petróleo y no lo han encontrado“, resume Bernardo sobre la comisión focalizada en Gómez, que está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su desempeño como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria de la Complutense.

Pero claro, si en Madrid cualquier cosa invita al choque entre los partidos, debatir sobre este caso es como poner un capote rojo frente a un toro bravo. Una invitación a la embestida. Así, mientras Más Madrid recrimina lo ocurrido (“la comisión ha sido un pequeño show con los impuestos de los madrileños”, dice su diputado, Antonio Sánchez Domínguez) y Vox nada entre dos aguas (acusando al PP de no haber investigado a fondo), los conservadores aprovechan sus minutos para un ejercicio de fuegos de artificio: dan por demostradas sus acusaciones contra Sánchez y Gómez con los trabajos de la comisión, pese a que estos no hayan deparado ninguna novedad de calado penal.

“Begoña Gómez, prevaliéndose de su condición de esposa de no solo promovió su cátedra, sino que además ordenó al rector crearla, impuso su nombramiento como directora, ocultó su verdadero currículo con un falso informe de idoneidad sin firmar y mintió sobre su formación académica”, dice la diputada Mercedes Zarzalejos.

“Ni licenciada, ni docente, ni experta... La señora Gómez no era nada más que la mujer del presidente del Gobierno”, sigue. Y remata: “La cátedra fue diseñada ad hoc para la mujer del presidente (...). Hubo una utilización deshonesta de los recursos que pagamos todos los españoles (...). Más pronto que tarde, el matrimonio Sánchez-Gómez será condenado por la humillación a la que ha sometido a toda España”.

Tras la investigación parlamentaria, en el PP aprecian desvío y uso indebido de fondos públicos “asignados a la Presidencia del Gobierno de España”, y plantean que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto a la que contribuyeron Google o Indra, conocida popularmente como el software de la cátedra (lo que ya se está haciendo por parte del juez Peinado). De esta manera, lo primero se lo trasladarán a la Fiscalía, y lo segundo al juzgado de instrucción número 41 de Madrid (el del juez Peinado).

Sin embargo, los trabajos parlamentarios no han servido para encontrar grandes novedades. La relación profesional entre Gómez y la UCM arrancó en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos.

Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

Casi un año después, y tras varios meses de trabajos en la Asamblea, el PP se agarra ahora a la declaración en la comisión del exvicerrector de relaciones institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, que fuera viceconsejero en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) entre 1998 y 2001.

“Mientras que el señor Goyache [rector de la Complutense] y el señor Coello de Portugal (actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales) coincidieron en destacar la legalidad y regularidad del proceso de creación de la cátedra, las declaraciones del señor Doadrio Villarejo (ex vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales) introdujeron elementos que sugieren posibles irregularidades en las formas y motivaciones detrás de su establecimiento”, desliza el dictamen del PP, pese a que Doadrio, precisamente, conoció en 2020 que la cátedra se justificaba por la trayectoria de Gómez “que coincide plenamente con el tema de la cátedra”; y que esta había sido premiada “por sus estudiantes con la máxima nota (5/5)”, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

Además, el dictamen del PP pone el foco en que “la propuesta de creación de la cátedra no partió, en ningún caso, de un órgano colegiado de la Universidad (como exige la normativa), sino que se planteó en la reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa entre la señora.

Gómez y el señor Goyache y toda la documentación exigida para la formalización del Convenio de creación también se confeccionó y se tramitó, en cuestión de días, por el personal adscrito a la Presidencia del gobierno y no por el personal propio de la universidad”. Y añade: “En definitiva, al vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, cargo competente por delegación en esta cuestión, le “llegó todo hecho”, tal y como él mismo reconoció en su comparecencia”.

Asimismo, el documento señala a la asesora de Gómez Cristina Álvarez por su, dice, “involucración en tareas académicas propias de la universidad”, lo que a juicio de los conservadores supondría “uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales, y un desvío de fondos públicos”.

Un proyecto más

Pero Doadrio no dijo únicamente lo que extracta el PP en su dictamen. El exvicerector también explicitó que la relación laboral de la esposa de Sánchez con el centro educativo “istrativamente fue regular”, si bien no lo fue “en las formas”. Además, dijo no haberse sentido “presionado” a la hora de crear la cátedra, pero “obligado sí”, pues el encargo provenía de su jefe, el rector Joaquín Goyache. La oposición de izquierdas destaca, finalmente, que Doadrio no se opuso a la creación de la cátedra.

En contraste con ese testimonio, el propio Goyache desmontó en su comparecencia una a una las sospechas que vertían el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

El vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea. “No cabe duda de la legalidad”, afirmó.

Y otro compareciente, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de director general de Making Science Group, dijo que el encargo que le hizo Google para crear un software a favor de la cátedra que la esposa de Sánchez codirigió en la UCM “fue un proyecto más”.