El Supremo de Estados Unidos prohíbe la financiación pública del primer colegio católico concertado

Un Tribunal Supremo limpiamente dividido por la mitad se pronunció este jueves en contra de que el Estado de Oklahoma financie con dinero público un colegio católico, lo que habría supuesto ir en contra de la tradicional separación entre Iglesia y Estado que impera en Estados Unidos desde su fundación.

Cuatro jueces conservadores votaron a favor y cuatro denegaron la aspiración del centro educativo que había puesto la demanda. La magistrada Amy Corey Barrett, profundamente religiosa y exprofesora de Derecho de la Universidad Católica Notre Dame, se había abstenido en el caso sin dar mayores explicaciones, aunque consta su cercanía con uno de los consejeros de los demandantes. Finalmente, se produjo un empate.

La decisión ha sido recibida con sorpresa en Estados Unidos: de la vista oral, celebrada a finales de abril, se desprendió que la mayoría conservadora, de seis jueces (cinco en este caso, quitando a Barrett) frente a tres, se inclinaba por permitir que Oklahoma financiase al colegio de educación a distancia St. Isidore of Seville, que aspiraba a impartir con dinero público una pedagogía “fiel a las enseñanzas de Jesucristo”.

Era uno de los casos más destacados de la temporada judicial y el fallo se ha publicado sin incorporar argumentación. En la decisión, de una sola página, tampoco se especifica qué juez conservador se pasó de bando, aunque se especula con que fue el presidente del Supremo, John Roberts. Al producirse un empate, prevalece el parecer de la instancia inmediatamente inferior, el Supremo de Oklahoma, que falló contra el St Isidore of Seville.

Al no haberse logrado una mayoría, la decisión del Supremo no cuenta como precedente a nivel nacional sobre la cuestión de fondo: ¿Permite la Primera Enmienda, que garantiza la libertad religiosa, que los estados financien escuelas religiosas?

El inicio del proceso judicial se produjo cuando las autoridades educativas de ese Estado del Sur aprobaron la petición de fondos del colegio. Después, el Tribunal Supremo estatal la anuló, al considerar que violaba el principio de separación entre Iglesia y Estado.

El colegio recurrió y el Supremo de Washington aceptó estudiar el caso. Un poderoso grupo conservador, Alliance Defending Freedom, representaba al centro educativo, que también gozaba de la simpatía de la istración de Donald Trump, que se personó en la vista oral para apoyar la causa del St. Isidore of Seville.

En aquella audiencia, tanto el letrado en representación del Gobierno, John Sauer, que previamente fue abogado personal de Donald Trump, como los demandantes afirmaron que el colegio mantiene su carácter privado aunque se someta a las normas y la supervisión estatales, y que, por tanto, la temida quiebra de la separación entre Iglesia y Estado no se está dando.

Las escuelas concertadas (de iniciativa privada y financiación pública) se consideran públicas en Oklahoma y en los otros 45 Estados (más el Distrito de Columbia) donde operan. Son gratuitas y están abiertas a todos. Reciben financiación estatal, cumplen las leyes contra la discriminación y se someten a la supervisión de sus planes de estudios y sus exámenes. Al ser públicas, se ha entendido durante décadas que la Constitución no permite que su educación sea religiosa. La decisión de este jueves del Supremo corrobora esa interpretación.

El caso es uno de tantos planteados al alto tribunal en los últimos años por grupos ultraconservadores, decididos a aprovechar su composición actual para avanzar en una agenda de apoyo a los valores tradicionales en materias como el derecho al aborto y la protección de la familia. Esa agenda cuenta con el apoyo de la actual istración; una tercera parte de los del gabinete de Trump son católicos conservadores, con el vicepresidente, J. D. Vance, a la cabeza.