Una jueza pone reglas a las deportaciones de Trump: 21 días de aviso a los migrantes en su idioma natal

Charlotte Sweeney, jueza federal de Colorado, se ha sumado la pelea judicial contra la istración de Donald Trump. A partir de ahora, antes de llevar a cabo una deportación como la de mediados de marzo a El Salvador, el presidente deberá notificar a los migrantes venezolanos con 21 días de antelación, un tiempo en el que estos podrán apelar ante los tribunales. Es la primera vez, desde que el republicano llegó la Casa Blanca, que una autoridad judicial dicta cómo el nuevo Gobierno debe hacer uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, en virtud de la cual fueron enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el Salvador, 238 migrantes catalogados de “criminales”.

Hasta ahora, las decenas de migrantes expulsados del país solo se enteraban de que iban a ser deportados 24 horas antes. Muchos de los familiares han denunciado en estos dos meses que los deportados a El Salvador fueron engañados, porque aunque pensaban que iban a llegar en vuelos a Caracas, aterrizaron en la temida mega cárcel salvadoreña, un trato por el que el presidente Nayib Bukele cobrará unos 20.000 dólares anuales a cambio de cada migrante recluso.

La decisión de la jueza federal del distrito, con sede en Denver, llega tras una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) —que actualmente representa a inmigrantes deportados y ha demandado al Gobierno de Trump por las expulsiones a El Salvador—. La solicitud pide, básicamente, que a los migrantes se les respete el “debido proceso”. Es decir, que se les avise de la posible deportación a ellos y a sus abogados en un plazo de 30 días, y exige transparencia del Gobierno cuando los migrantes vayan a ser enviados a un tercer país.

La ACLU comunicó al Tribunal Supremo que, “independientemente de lo que el debido proceso pueda requerir en este contexto”, es inisible “trasladar a una persona a una posible cadena perpetua sin juicio, en una prisión conocida por la tortura y otros abusos, apenas 24 horas después de proporcionar un formulario de notificación solo en inglés (no proporcionado a ningún abogado) que no da información sobre el derecho de la persona a solicitar una revisión judicial, y mucho menos el proceso o el plazo para hacerlo”.

Ahora, gracias al fallo a favor de la ACLU emitido este martes, la jueza no solo otorga la orden de restricción temporal a las deportaciones, sino que sostiene que las notificaciones deberán ser enviadas “en un idioma que el individuo entienda”.

En declaraciones a CBS News, Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, agradeció a la Corte que “haya puesto fin al intento ilegal del Gobierno de Trump” de enviar a los migrantes de Colorado a la mega prisión salvadoreña. “El debido proceso es fundamental para el estado de derecho en este país, y el Gobierno ha demostrado un desprecio flagrante por este derecho civil esencial”, declaró. Macdonald también enfatizó que el deseo de la istración de Trump “de evadir el debido proceso es una amenaza para todos”.

El riesgo de la violación del “debido proceso”

La “violación del debido proceso” es uno de los focos en debate desde que el republicano pusiera todas sus fuerzas en deshacerse no solo de los presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, sino de llevar a cabo la mayor deportación de los Estados Unidos.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo a El PAÍS que, con las deportaciones a El Salvador a mediados de marzo, su organización ha documentado varios casos en que la nueva istración pasó por encima de la ley. No solo siguieron enviando vuelos al país centroamericano a pesar de que un juez ordenó que los frenara, sino que expulsó por “error” a personas, como el salvadoreño de 29 años Kilmar Abrego García, cuyos abogados exigen su retorno. Pappier ve un peligro futuro en todas estas acciones.

“Cuando movemos la línea del debido proceso para los migrantes, corremos el riesgo de moverla para todos”, asegura Pappier. “Lo que hoy afecta a venezolanos y salvadoreños, mañana podría afectar también a ciudadanos americanos”.

El representante de HRW insiste en que también se viola el debido proceso en la medida en que impiden que los detenidos en El Salvador se comuniquen con familiares o sus abogados, pero además por la imposibilidad de que estas personas apelen ante el juez. “Lo que estamos viendo es que la istración Trump quiere avanzar con estas deportaciones sin darles la oportunidad de cuestionarlas judicialmente”, sostiene.

Pero el propio Trump no se ha escondido para mostrar su intención de que las deportaciones no pasen por la decisión de un juez. En su red Truth Social, escribió a inicios de semana que resulta imposible juzgar a todas las personas que están en proceso de deportación. “No podemos juzgar a todos, porque hacerlo tomaría, sin exagerar, 200 años”, dijo. “Necesitaríamos cientos de miles de juicios para los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que estamos expulsando del país”.