Petro defiende su política de seguridad en plena ola de atentados contra policías y militares: “No hay un caos de violencia en este Gobierno”

“No hay un caos de violencia en este Gobierno”, ha defendido con vehemencia Gustavo Petro, que atribuye esa “falsedad” a una “mentira mediática”. El presidente de Colombia ha comparecido este lunes en la noche ante las cámaras para una alocución dedicada al tema de la seguridad, transmitida una vez más en televisión nacional. Lo hizo en medio de la oleada de ataques en los que han sido asesinados una veintena de policías y militares en las últimas semanas. Su Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, ha recomendado a los uniformados tomar precauciones para evitar ser blanco de los grupos armados ilegales, cambiar de rutinas y no divulgar su información personal.

El presidente dedicó su intervención, de más de una hora, a desvirtuar la percepción de una violencia desbordada, con la ayuda de un par de cuadros que consideró “fundamentales” para evaluar el “panorama general de la violencia en Colombia a través de la tasa de homicidios”. A grandes rasgos, exhibió el número de homicidios desde 1990, que llega a su pico en esa década y a partir de 2002 muestra un descenso sostenido, con un leve repunte desde el 2021 –antes de su llegada al poder, en agosto de 2022–. “Quiero que ustedes vean si estamos ante un colapso de violencia”, dijo dirigiéndose a los televidentes. “Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia”, afirmó desde un atril, a diferencia de la alocución anterior. “El balance general es que hemos sido exitosos como sociedad”, más allá de los vaivenes de los gobiernos, añadió.

“Este salto tiene que ver con hacer trizas la paz”, afirmó en referencia al repunte de 2021, en un dardo a su antecesor, Iván Duque (2018-2022), un crítico del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, sellado a finales de 2016. “Hemos quedado en los niveles en que los dejó Duque… no hay un caos de violencia en este Gobierno”, insistió. También criticó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, “que decidió sabotear el proceso de paz”. Lo acompañaban su ministro del Interior, Armando Benedetti, y la cúpula militar, más no el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pues está de visita al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), en la Florida.

Petro también defendió la vía del diálogo para resolver los conflictos, pero sin referencias muy específicas a la paz total, su desgastada política para negociar con todos los grupos armados. “Ya no es este el móvil de la violencia que tenemos hoy, no es la insurgencia… lo que tenemos es una violencia centrada en controlar economías ilícitas”, explicó al enfatizar que el Estado concentra sus esfuerzos actuales en “desmontar” esas economías ilícitas, con estrategias que fueron discutidas en el Consejo de Ministros que siguió a la alocución.

Sus palabras llegan en un momento muy sensible. El Ministerio de Defensa ha difundido algunas recomendaciones de autoprotección para frenar los asesinatos de policías que se ha marcado como estrategia el Clan del Golfo. Entre ellas, que se desplacen vestidos de civil, que no publiquen información sensible en sus redes sociales y eviten salir en las noches. La principal banda del narcotráfico ha puesto en marcha un ‘plan pistola’ –como se conoce en Colombia desde tiempos de Pablo Escobar– que ha cobrado la vida de 19 policías en dos semanas, además de cuatro soldados. A ellos se suman otros siete militares asesinados en Guaviare por la disidencia de alias Calarcá Córdoba, el llamado Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), que en teoría sigue sentada con el Gobierno en una de las mesas de la paz total.

Las alarmas están activadas. “Estos grupos han logrado infiltrarse en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, lo que significa que hay delincuentes dentro de nuestra organización y contra ellos va todo el peso de la ley. Muy seguramente, en pocos días, varios de ellos van a ser capturados”, advertía el fin de semana en una entrevista con El Tiempo el ministro Sánchez, un general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que pidió el retiro en febrero para poder juramentarse como civil. Es el primer militar en ocupar el cargo desde la Constitución de 1991. Según su lectura, “hay una reacción desesperada y criminal de los grupos armados, en especial del Clan del Golfo”, por golpes como la muerte de alias Chirimoya, un cabecilla en la costa Caribe.

El Clan, en particular, ha lanzado un desafío abierto a la Fuerza Pública que recuerda los peores tiempos de la violencia de los grandes carteles del narcotráfico, en los años ochenta y noventa del siglo pasado. En represalia por los golpes que ha recibido, la banda, que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, ofrece a sicarios hasta 3 millones de pesos (unos 700 dólares) por cada asesinato. Las autoridades han respondido con recompensas de hasta 200 millones de pesos (poco menos de 50.000 dólares) por información que sirva para evitar nuevos ataques. El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, ha autorizado a sus hombres a llevarse sus armas de dotación a sus casas para poder defenderse.

Desde mediados de abril, en paralelo con esos atentados, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han capturado a más de 200 del Clan, y “neutralizado” a otros 15, en desarrollo de operaciones militares. El Gobierno incluso ha cumplido la amenaza de Petro de bombardear al Clan del Golfo, en un notable giro de la política de seguridad.

La banda surgió tras la desmovilización de grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El que había sido su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, fue capturado en octubre de 2021 y extraditado a Estados Unidos. El entonces presidente Duque lo celebró como el “golpe más importante de este siglo contra el narcotráfico”, que marcaba el fin del grupo. Se equivocó de plano. Su extradición no mermó el poder del Clan del Golfo, ahora encabezado por alias Chiquito Malo. Por el contrario, se ha expandido desde entonces. Además de sembrar el terror, el ‘plan pistola’ busca forzar un repliegue de las fuerzas del Estado en los territorios más apartados, coinciden analistas. Se suma a los recientes atentados contra estaciones de Policía y estructuras de la Fuerza Pública en diferentes regiones, por parte de distintos grupos.

“La paz total es una fantasía improvisada”

Colombia sufre la peor situación humanitaria de los últimos ocho años, desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, de acuerdo con el más reciente balance anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La Defensoría del Pueblo, por su parte, alerta sobre al menos 12 focos de emergencia humanitaria activos a lo largo y ancho del país, desde la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, hasta el departamento del Cauca. En ese complejo panorama, el Gobierno de Petro se proponía establecer negociaciones en simultáneo con todos los grupos armados, pero la paz total se ha desdibujado en medio de la fragmentación de los interlocutores en las distintas mesas.

El expresidente César Gaviria (1990-1994), un opositor político, se ha sumado este lunes a las críticas. “Mientras los grupos armados intensifican su ofensiva contra la Fuerza Pública, mientras las comunidades son desplazadas, extorsionadas, y sometidas por estructuras criminales, el Gobierno del presidente Gustavo Petro responde con retórica, vacilación y burocracia”, lo fustigaba en una carta pública el exmandatario, que encabeza el Partido Liberal. “La ‘paz total’ no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista”, añadía el también ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).