El pleito por la búsqueda de los desaparecidos de La Escombrera en Medellín escala a la Corte IDH

La búsqueda de desaparecidos en el sector de La Escombrera (Medellín), una fosa común a cielo abierto, se ha convertido en un pleito que ha escalado a lo más alto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. EL PAÍS conoció un oficio, dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que un grupo de víctimas acusa a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado con el Acuerdo de Paz para resolver los crímenes del conflicto armado, de obstruir el proceso de búsqueda humanitaria que venía adelantando la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), también por el Acuerdo y quien excavó en las profundidades de un bulto de escombros entre 2019 y 2024.

La UPBD, que ha reportado los hallazgos de cuerpos arrojados a ese lugar, envió por su parte un oficio a la Cancillería, encargada de llevar ante la Corte la posición oficial del Estado Colombiano. La entidad extrajudicial asegura que la JEP ha obstaculizado esa labora desde hace seis meses y aseguran que el liderazgo forense de la Jurisdicción, “ya se había traducido antes en escenarios de maltrato al personal de la UBPD, frente a los que se han interpuesto quejas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, de hecho, está mediando entre ambas entidades, que tienen que cumplir y rendir cuentas a la Corte en un proceso judicial. Se trata de la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán, que ocurrió en el marco de la Operación Orión, un icónico operativo militar de 2003 que dejó a más de 80 civiles heridos, 17 asesinados por la Fuerza Pública, 71 asesinados por los paramilitares y casi un centenar de desaparecidos. En 2023, el Estado reconoció su responsabilidad por ese caso y fue condenado.

Desde que se hicieron públicos los hallazgos forenses de la UBPD, en diciembre pasado, la JEP tomó el control de la excavación y ha explicado que al encontrar restos óseos la búsqueda pasa de ser humanitaria a convertirse en judicial, algo que ha creado un pulso cada vez más tenso. Un mes después de la noticia, las dos entidades identificaron los cuerpos de dos de las personas que fueron arrojadas allí en medio de la violencia urbana de paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y Fuerza Pública. La JEP emitió un comunicado público, que la Unidad decidió no firmar por considerar que vulneraba la privacidad y la seguridad de las víctimas, que habían pedido no ser identificadas. Aunque el documento, difundido en medios de comunicación, no daba nombres, señalaba la edad de las personas identificadas y su profesión. Un día después de la difusión, una de las familias denunció que había sido intimidada.

Desde entonces, la Jurisdicción ha prohibido la participación del equipo forense de la Unidad de Búsqueda que encontró los cuatro primeros cuerpos. En un comunicado público, ha explicado que evalúan “una nueva propuesta de articulación presentada por la UBPD, con el objetivo de reforzar la coordinación interinstitucional y dar mayor celeridad al proceso”, se lee en el pronunciamiento. Sin embargo, la Unidad ha defendido que su plan de intervención en el terreno es el mismo que venían ejecutando el año pasado.

Para María Victoria Fallón, directora de la oenegé GIDH, que representa a la familia de Guzmán ante la Corte Interamericana, “la JEP está reemplazando funciones que le fueron asignadas, por ley, a la Unidad de Búsqueda”. Según ella, en este caso la jurisdicción debe apoyar el proceso forense, no liderarlo. Su reclamo yace en que la sentencia en la que fue condenado el Estado ordena a las entidades a buscar el cuerpo de la víctima, un proceso que, según ella, se está viendo truncado desde que empezó el conflicto. “Se está impidiendo el cumplimiento de la sentencia”, afirma. Una fuente de Cancillería, cercana al caso, coincide en que las entidades deben articularse y que no se puede excluir de la búsqueda a la entidad que hizo los hallazgos. “Nuestro trabajo es lograr que dialoguen. Si eventualmente no se llegara a ningún acuerdo, en septiembre viene un delegado de la Corte IDH y tendríamos que exponer el caso sin resolver”, afirma.

Las dos entidades trabajaron de forma articulada en La Escombrera por cinco años, y sus tropiezos comenzaron con los hallazgos que retumbaron en Colombia con una pintada: “Las cuchas [mujeres] tienen razón”. Se trataba de un homenaje al grupo de mujeres que llevaban 30 años pidiendo al Estado que levantara los desechos de ese vertedero para buscar a sus desaparecidos. La prueba de que tenían razón abrió un capítulo en la batalla por la narrativa sobre los crímenes cometidos por la fuerza pública, y a la vez era un logro del Acuerdo de Paz y su Sistema Integral para la Paz, al que pertenecen la JEP y la UPBD.

Pero es alegría conjunta duró poco, y una reciente decisión de la JEP volvió a levantar polvo entre las víctimas. Una carta enviada por el magistrado Gustavo Salazar a un funcionario judicial en Antioquia, y fechada del 20 de mayo, limita el ingreso a La Escombrera a cualquier persona que no sea del tribunal transicional. Advierte que cualquier persona, organización o entidad que quiera entrar debe enviar un correo pidiendo autorización a la magistratura, así hayan sido son parte de la búsqueda. La molestia de las familias radica en que, mientras la Unidad lideró el equipo forense, las madres y mujeres buscadoras tenían diario para acompañar la búsqueda y participar de un proceso psicosocial. Con la nueva directiva, esos procesos sociales de las víctimas, según ellas, han quedado en pausa. Fallón explica que varias familias han optado por no volver, tras lo que considera una acción revictimizante.

El choque tiene como trasfondo la falta de claridad sobre las competencias de la JEP y de la Unidad sobre la búsqueda de cuerpos, y las lógicas distintas entre una búsqueda judicial y una humanitaria. Eso ha llevado a que las víctimas alerten de una nueva demora en su proceso para encontrar respuestas de hechos ocurridos hace dos o tres décadas. Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, y representante de varias familias, coincide en que espera que se pongan de acuerdo. En una de sus comunicaciones, envió un correo a la Jurisdicción advirtiendo que la limitación en el “desconoce los derechos de las víctimas y representa una acción con daño que se suma a las vividas en los últimos meses”.