Los hijos de los fallecidos en residencias esperan que los tres responsables del Gobierno Ayuso imputados “tiren de la manta”

Desde hace cinco años las familias de los fallecidos en las residencias madrileñas han confiado en la estrategia de la escalera. Han esperado que las personas implicadas en el triaje de 2020 que excluyó de los hospitales a miles de enfermos señalarían hacia los peldaños de arriba, para alegar que solo cumplían órdenes. Así, los médicos y directores de residencias apuntarían a los geriatras de hospital; estos, a los autores materiales de los protocolos; y estos, a los políticos que diseñaron esta medida. Pues bien, las familias han llegado al penúltimo escalón. Tres responsables de la gestión de la crisis, entre ellos dos autores de estos documentos, declaran este lunes a las 12.00 como imputados.

La noticia, difundida el viernes por las asociaciones de familiares, ha sido celebrada por estas como un avance en ese lento camino. Se trata de dos ex altos cargos, Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ambos involucrados en la confección de los protocolos para no hospitalizar a mayores de residencias, y de Antonio Burgueño Carbonell, un asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que se reunió con esta y otros de su Gobierno en los días previos a la elaboración de esas directrices (este tercer investigado no aparecía por un error en las notas de prensa enviadas por las asociaciones).

Los hijos de los muertos han animado abiertamente a estos antiguos responsables a que “tiren de la manta” y revelen la implicación de la presidenta Ayuso y de su entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Pero, ¿tiene fundamento ese pedido? ¿Qué han dicho Mur y Peromingo hasta ahora? ¿Y qué se sabe sobre la participación de Escudero o Ayuso?

En cinco años, los jueces apenas han indagado sobre quiénes fueron los responsables últimos de la gestión de la crisis en las residencias a pesar de los hijos de los fallecidos apuntaron a lo más alto desde el primer momento. En mayo de 2020, cientos de afectados se querellaron contra Ayuso y dos consejeros involucrados en la gestión de la crisis sanitaria, Escudero, y su compañero en Justicia e Interior, Enrique López. Les acusaron de homicidio, omisión de socorro y prevaricación.

Como es sabido, en marzo y abril de aquel año estuvieron vigentes unos protocolos que encomendaron a los equipos de geriatría de cada hospital el filtrado de las llamadas procedentes de residencias: si eran dependientes (la mayoría de la población en esos centros), serían tratados en el propio hogar de mayores para evitar un colapso hospitalario. En esos dos meses murieron dentro de las 474 residencias de la región, sin hospitalizar, miles de mayores (7.269, según el INE, y 7.291, según los datos que dio inicialmente el Gobierno madrileño).

El Tribunal Supremo, donde Ayuso está aforada, derivó la causa a la primera etapa del sistema judicial, los juzgados de instrucción. Durante este tiempo, los jueces han examinado caso por caso por qué a cada fallecido se le negó una cama de hospital. En reiteradas ocasiones, los trabajadores de residencias y hospitales han dicho que no tuvieron otro remedio que cumplir con los protocolos. La mayoría de jueces han archivado sus investigaciones sin indagar sobre las posibles responsabilidades políticas.

Mur y Peromingo han hablado en estos juzgados como testigos en varias ocasiones, pero nunca como imputados. Los denunciantes presuponen que esos dos ex altos cargos no se han animado a incriminar a sus superiores porque no se habían visto en un aprieto como el de arriesgarse a una condena. Sin embargo, también es cierto que, a diferencia de los testigos, los imputados no están obligados a decir la verdad.

Mur era el alto cargo de la Consejería de Sanidad que se ocupaba de la asistencia sanitaria en las residencias, el director general de coordinación sociosanitaria. En ese rol, trabajó con Peromingo, que era jefe de geriatría en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, para elaborar los polémicos protocolos. Mur fue destituido en mayo de ese año y Peromingo lo reemplazó. Según Ayuso, el relevo del primero no tuvo que ver con su trabajo.

Ambos también han sido interrogados por los diputados del parlamento madrileño que formaron parte de una comisión de investigación disuelta por Ayuso con el apoyo de Vox después del éxito electoral de la presidenta en 2021.

Nunca han sido críticos con sus superiores y han defendido que la política de atención a las residencias no fue delictiva. Mur ha sostenido que los protocolos eran “recomendaciones” y Peromingo dijo que no le parecía “en absoluto discriminatorio” que los enfermos de las residencias no fueran hospitalizados.

Mur ha declarado que el viernes 13 de marzo de 2020 se reunió con Peromingo y otros jefes de geriatría de Madrid para “dar cumplimiento a la indicación de medicalizar y prestar ayuda a las residencias de mayores”. Se refirió a que esa indicación se dio el 12 de marzo, el día en que Escudero anunció en rueda de prensa que las residencias se iban a “medicalizar” y que los mayores iban a ser atendidos allí.

También ha añadido: “Yo siempre informé a mis superiores directos de dichas versiones y de la evolución de los protocolos”. Mur envió los protocolos a 18 destinatarios, aunque solo ocho recibieron las cuatro versiones (días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020). Entre ellos estaba la mano derecha de Escudero en la Consejería de Sanidad, la viceconsejera Ana Dávila, que hoy es consejera de Políticas Sociales.

Asimismo, Mur ha dicho que estaba “en comunicación diaria” con Escudero y con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (este último se rebeló contra los protocolos, primero internamente, y luego en público).

También fue interrogado por los diputados el tercer responsable citado por la jueza, el asesor Burgueño, un gestor médico veterano que en tiempos de la presidenta Esperanza Aguirre fue director de Hospitales. Burgueño apenas desempeñó su rol de asesor durante una semana, pero fueron los días más relevantes. A diferencia de los dos anteriores, Burgueño sí ha desaprobado la gestión de la crisis, quizás molesto por el trato que recibió aquellos días.

Por medio de Burgueño sabemos que el 11 de marzo se discutieron decisiones clave sobre la crisis en una reunión en la sede de la Presidencia, en la Puerta del Sol, en la que participó él junto con la presidenta, el consejero Escudero y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty (Burgueño y Lasquetty eran cercanos desde los tiempos en que este último fue consejero de Sanidad de Aguirre). A Burgueño le encargaron un plan que incluía la medicalización de las residencias. Más tarde, él denunció que no se produjo ese refuerzo médico.

Sin embargo, también sabemos que el sábado 7 de marzo ya se produjo una caída de las hospitalizaciones procedentes de residencias, lo que es un indicio de que el triaje se comenzó a aplicar antes de que apareciera por escrito en ningún documento. Aparentemente, los protocolos vinieron a sancionar por escrito lo que ya estaba sucediendo.

¿Podrían los imputados responsabilizar a los superiores políticos? Existen razones para creer que todos acabaron a disgusto con la situación vivida aquellos días.

Mur sufrió un aparente desplante por parte de sus superiores en la Consejería de Sanidad porque se resistieron a darle a una lista de 1.798 sanitarios voluntarios que hubieran podido ayudar en las residencias. Además, el hospital provisional de Ifema, una medida estrella de Ayuso, se llevó a más de mil sanitarios de atención primaria, el grupo que inicialmente iba a ser destinado a las residencias.

Peromingo formaba parte del grupo de geriatras que aplicaba el triaje, quienes acabaron redactando un escrito que pedía el fin del sistema diseñado por los protocolos. Se quejaron de la falta de apoyo de “las consejerías correspondientes” y advertían de que las residencias no eran lugares seguros debido a la progresión imparable del virus. Un geriatra que pidió anonimato para expresar su estado de ánimo lo dejó claro en un mensaje a este periódico: “Nosotros estamos hartos de toda esta mierda (con perdón)”.

Y el propio Burgueño ha explicado que tras una semana en el cargo, dejó de asistir a las reuniones del gabinete de crisis. Como explicó a este diario, se apartó al notar que le ignoraban: “Nadie me despide, pero es que entraba allí y me daba cuenta de que hacía de comparsa”.

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