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El Congreso de Países Bajos quiere que el Gobierno acuda a la Marcha del Orgullo en Hungría

La manifestación será probablemente prohibida en Budapest y la mayoría de la Cámara neerlandesa cree que el Ejecutivo debe recabar el apoyo de otros países de la UE

Homosexualidad Hungria
Isabel Ferrer

El Congreso de Países Bajos quiere que una delegación gubernamental acuda el próximo 28 de junio a Budapest a la Marcha del Orgullo. El Parlamento de Hungría votó este marzo a favor de prohibir este tipo de manifestaciones con el argumento de proteger a la infancia, y los diputados neerlandeses desean mostrar que ello contraviene los valores de libertad, Estado de derecho y democracia que sostienen a la UE. La moción, aprobada en La Haya este jueves, cuenta con el apoyo de tres de los cuatro partidos de la coalición de derecha en el poder. Ha votado en contra el cuarto socio, el Partido por la Libertad (PVV), del líder de extrema derecha, Geert Wilders.

El pasado 18 de marzo, el Parlamento húngaro aprobó una ley que restringe la libertad de reunión, vinculándola a otra norma anterior, de 2021, que prohibía la representación pública ante los niños de “la divergencia de la identidad de género correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad”. De este modo, han aprobado una ley para prohibir en el país marchas como la del Orgullo. El Gobierno de Países Bajos condenó inmediatamente la norma húngara, y la moción aprobada en Cámara de Representantes insta al Ejecutivo a participar en la manifestación en Budapest. Si bien varios diputados de diversos partidos han anunciado su intención de viajar a Hungría, Ruben Brekelmans, ministro neerlandés de Defensa, ha señalado que si el Gobierno se pronuncia ya de forma tan clara, a la organización del Orgullo le resultará aún más difícil organizar el encuentro. “Todavía no se ha solicitado [en Hungría] un permiso oficial para la marcha, por lo que no hay autorización de momento”, ha indicado el ministro en el Congreso. “Cuando este se obtenga, indicaremos si participamos y de qué manera”, añadió.

La prohibición a las marchas del Orgullo se produjo a iniciativa de Fidesz, el partido de extrema derecha del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Si bien la organización del evento piensa mantenerlo para el 28 de junio, los que acudan se arriesgan a una multa de 500 euros. Además, la ley aprobada en marzo establece la posibilidad de que la policía utilice programas de reconocimiento facial para identificar a los participantes.

La moción presentada en el Congreso de Países Bajos fue un una iniciativa del partido proeuropeo Volt, y del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD). El segundo es socio en la coalición de Gobierno y le han secundado el Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) y Nuevo Contrato Social (NSC). Los tres conforman el actual Ejecutivo junto con el PVV de Wilders, que se desmarcó votando en contra. “Qué disparate mandar una delegación gubernamental a una marcha del Orgullo en el extranjero. Dejemos que el Gobierno trabaje aquí en lugar de participar en esa tontería”, ha escrito en su cuenta de X.

En su calidad de presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Europeos de la Cámara neerlandesa, Caroline van der Plas, líder del BBB, escribió en marzo una carta al Gobierno húngaro recordando que “los derechos de la comunidad LGTBI deben ser respetados y protegidos”. La respuesta del viceministro de Asuntos Europeos del Gobierno de Hungría, Barna Pál Zsigmond, fue inmediata. Dijo que se estaba intentando “interferir en los asuntos internos de un país soberano”, y eso era “antidemocrático e ilegal”. La nota de respuesta de este político fue revelada en abril por el rotativo neerlandés NRC.

También este abril, el Parlamento Europeo recogió la aprobación de la ley que prohibía el Orgullo en Hungría, recordando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha concluido que este tipo de normas “violan la no discriminación, la libertad de expresión y la libertad de reunión”. Por otro lado, la misma corte considera que con este tipo de impedimentos “las autoridades refuerzan el estigma y los prejuicios y fomentan la homofobia, lo que es incompatible con los conceptos de igualdad, pluralismo y tolerancia inherentes a una sociedad democrática”, reza la nota publicada en la web del Parlamento Europeo.

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