La jueza sienta en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez pese a la oposición de la Fiscalía

Decisiones judiciales con tan solo unos minutos de diferencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido este jueves sentar en el banquillo de los acusados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas acusadas de los delitos de prevaricación istrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa en Diputación pacense. La magistrada ha dictado el auto de apertura de juicio oral a las 9.43, tan solo 16 minutos después de haber rechazado los recursos presentados por cuatro acusados ―entre ellos el familiar de Pedro Sánchez―, que, como la Fiscalía, habían pedido el archivo de la causa al considerar que esta se sustenta únicamente en conjeturas.

En su auto, la magistrada destaca que el escrito presentado por las acusaciones populares —que lidera el pseudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra— en el que piden tres años de cárcel para el familiar de Pedro Sánchez es suficiente para mandar al banquillo a los procesados sin necesidad de esperar a que la Audiencia Provincial de Badajoz resuelva los recursos de apelación que han presentado los procesados tras verlos rechazados en primera instancia por la jueza. “La acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”, recalca esta en su resolución, contra la que no cabe recurso.

La decisión de la magistrada de sentar en el banquillo a los 11 procesados se produce solo unos días después de que Gallardo ―que además de secretario general de los socialistas extremeños es presidente de la Diputación de Badajoz― anunciase su decisión de abandonar este puesto e incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura. El acta lo recogió este miércoles poco después de la una de la tarde, según fuentes de su partido, aunque la condición plena de parlamentario y, por tanto, de aforado que obligaría a que cualquier actuación judicial contra él tuviera que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, no la adquirirá hasta el momento formal de jurar el cargo en un pleno de la cámara regional.

El dirigente rechazó el pasado viernes, cuando anunció esta decisión, que conseguir el aforamiento fuera el objetivo de su decisión e insistió en que daba ese paso porque la Cámara regional era el mejor lugar “para combatir al Gobierno” de la popular María Guardiola. La decisión ahora de la magistrada de abrir juicio oral contra él plantea dudas de si, finalmente, ya como parlamentario seguirá los pasos de los otros 10 procesados y se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial o pasará al órgano judicial superior. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia.

En casos recientes, como el del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez o el senador del PP José Manuel Baltar, el Tribunal Supremo asumió la competencia para juzgarles aunque adquirieron la condición de parlamentarios (y con ella el fuero) después de que un juez hubiera ya dictado la apertura de juicio oral. Con estos antecedentes, lo previsible es que el Tribunal Superior de Justicia se declare competente para actuar contra Gallardo, informa Reyes Rincón. En ese caso, tendrán que decidir si eso les lleva también a asumir la causa para el resto de procesados, incluidos el hermano de presidente, o se quedan solo con el aforado y los demás se mantienen en la Audiencia Provincial.

“Indicios de criminalidad”

En el auto dictado también este jueves con el que ha rechazado el recurso de David Sánchez, la magistrada se reafirma en su conclusión de que de la investigación “se derivan claros indicios de criminalidad” de los 11 encausados y, por tanto, reafirma su decisión del pasado 28 abril de procesarlos. En esta resolución, la jueza concluía que el proceso por el que el hermano del presidente consiguió el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz no fue fruto “de un proceso selectivo justo y trasparente”, sino que se realizó “sin cumplir los requisitos constitucionales”. También atribuyó al familiar de Pedro Sánchez haber utilizado posteriormente su “influencia” en la Diputación “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera”.

La jueza añadía en su auto de abril que el hermano del presidente también logró “que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente” en uno de sus proyectos y que entonces trabaja en el Palacio de La Moncloa, Luis Carrero (también procesado), “fuera contratada por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”. Sobre el líder del PSOE extremeño, la jueza mostraba su convencimiento de que participó “directamente en los hechos” al concluir que era “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no estuviera informado de la creación del puesto que finalmente ocupó el hermano del presidente y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” a este.

Con el auto de abril, la jueza dio por concluida una investigación que había iniciado en mayo del año pasado después de que Manos Limpias presentase una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior. Parte de estas acusaciones fueron posteriormente descartadas por una investigación judicial que, sin embargo, llevó a la magistrada a abrir otras líneas, como la que ha indagado sobre la presunta contratación irregular de un extrabajador de La Moncloa amigo de David Sánchez.