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El Parlament encarrila la ley para dar respuesta al sinhogarismo

El texto recoge las bases de la iniciativa que decayó hace un año por el adelanto electoral en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este miércoles, en el Parlament.

Los diputados del Parlament de Cataluña se han sentado nuevamente para abordar una de las cuestiones pendientes de la anterior legislatura: la ley para dar respuesta al sinhogarismo. Tras intentar tramitarla, sin éxito, durante el Govern de Pere Aragonès —que cayó con el adelanto de las elecciones—, el Parlament busca ahora una solución definitiva. Con un nuevo Govern a la cabeza, la mayoría de grupos se han alineado otra vez para proseguir con la tramitación de la proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente a la expresión más dura de la vulnerabilidad por falta de vivienda. La iniciativa, recuperada en febrero, cuenta con el apoyo de todas las bancadas, excepto Vox y Aliança, que pese a criticarla abiertamente, no se han opuesto a su tramitación.

Esta proposición de ley —que era una de las condiciones de Esquerra para apoyar la investidura de Salvador Illa—, ha sido elaborada con la colaboració de diversas entidades a partir de las bases establecidas en la legislatura anterior. El objetivo principal es garantizar el derecho a que todas las personas tengan un espacio residencial digno. La diputada socialista Beatriz Silva ha asegurado que haber recuperado la proposición supone una “gran oportunidad” para aprobar una “buena ley”, y valora que se contemplen “todas las variables del sinhogarismo”: “Las causas pueden ser muchas, desde la falta de oportunidades laborales hasta la violencia machista”, ha explicado.

El diputado republicano Jordi Viñas también se ha referido a esta idea, recordando que el sinhogarismo “no afecta a todas las personas de la misma manera”. Pese a mostrarse satisfecho con la recuperación del texto, Viñas ha denunciado que algunos grupos que ahora “respaldan la causa”, no apoyaron en su momento los Presupuestos que desembocaron en la caída del Govern de Esquerra (y de la proposición de ley): “Hemos perdido un año de trabajo”, ha concluido.

El texto contempla el empadronamiento como método para que las personas sin hogar puedan acceder al sistema público de servicios sociales, como la asistencia sanitaria, y para que tengan derecho a recibir ciertas prestaciones como el ingreso mínimo vital. Las diputadas Ennatu Domingo y Maria Pilar Castillejo, de Junts y la CUP respectivamente, han coincidido en que el a estas prestaciones sociales es clave para “reconstruir vidas y trabajar por un a la vivienda a largo plazo”. Aun así, Castillejo ha recordado que, sin Presupuestos, la propuesta amenaza con convertirse en otra “promesa olvidada”.

El articulado también ha recibido el apoyo del Partido Popular: “No bloquearemos ni retrasaremos esta ley”, ha aseverado la diputada del grupo, Montserrat Berenguer, aunque ha advertido que desde el partido estarán atentos para que la ley también vele por dar “asistencia psiquiátrica a las personas sin hogar que la necesiten”.

Entre el resto de medidas se incluyen: La obligación de hacer recuentos y encuestas en los municipios de Cataluña con más de 50.000 habitantes para dimensionar el problema del sinhogarismo; contar con servicios básicos de higiene y consigna para las personas sin hogar y la prohibición explícita de que las ordenanzas municipales tipifiquen como infracción istrativa la práctica de la mendicidad.

Las entidades impulsoras son, entre otras, Arrels Fundació, la Comunitat de Sant’Egidio, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya, y Assís Centre d’Acollida. La diputada de Comuns, Núria Lozano, ha querido agradecer su trabajo para acompañar a las personas sin hogar “en su día a día”, y el compromiso de estas asociaciones para contribuir a tirar adelante la legislación.

Pese a que Vox y Aliança no han dado apoyo a la proposición y han criticado su contenido, no han puesto impedimentos para que se prosiga con su tramitación en un futuro debate de ponencia, donde se aplicarán enmiendas para terminar de definir la legislación y proceder a su proceso de aprobación.

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