La jueza del ‘caso FP’ que salpica al Gobierno de Ayuso cita como investigado al empresario que hizo obras con contratos supuestamente a dedo

La jueza que instruye el caso FP que afecta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha citado a declarar como investigado a Gabriel Navarro, el empresario en el corazón de la trama, y ha decidido aceptar la personación como acusación particular de la Comunidad de Madrid, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. Así consta en las actuaciones judiciales que intentan esclarecer el presunto fraccionamiento ilegal de facturas en 2021, 2022 y 2023 para otorgar a dedo ―a través de contratos menores, principalmente al grupo Virelec― obras que deberían haber salido a concurso público ―lo que permitiría la competencia entre empresas, como manda la legislación―.

Por ello, la jueza, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación istrativa, busca dilucidar quién es el responsable del diseño del sistema de pagos. En la época investigada, Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea, era consejero de Educación, y Rocío Albert, hoy titular de Economía, Empleo y Hacienda, era viceconsejera.

Además de la declaración de Navarro, que será el 4 de junio, la jueza también ha programado para ese mismo día la declaración como testigo de una inspectora educativa que dejó escrito en un informe que se podía inferir que la responsabilidad de lo ocurrido era de Alfonso Mateos, ya exsubdirector de FP del Gobierno regional. Esta comparecencia ha sido solicitada por el PSOE.

Finalmente, la jueza, que acepta la solicitud de Podemos de tomar declaración a cinco cargos de un centro educativo afectado por el caso, deja para más adelante su decisión sobre la petición del PSOE de que la Guardia Civil investigue a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) las comunicaciones que mantuvieron por WhatsApp e email entre 2020 y 2024 los dos directores de centros educativos y el excargo regional que están investigados en la causa, debido a las ”contradicciones evidentes” de sus declaraciones judiciales de marzo. Sí acepta, sin embargo, la de que se averigüe su patrimonio, el de su familia y entorno, por si hubo “ánimo de lucro” en sus acciones.

“A la vista de las contradicciones evidentes entre las declaraciones de los investigados realizadas el pasado día 12 de marzo”, se lee en el escrito del PSOE, “[se solicita que] se proceda a la investigación de las comunicaciones habidas entre estos ,entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de octubre de 2024, tanto por WhatsApp u otra aplicación de mensajería instantánea a través de sus teléfonos personales, como por email (tanto corporativos de la Consejería de Educación de Madrid como personales)”.

Y se añade: “Que, una vez recibida la información anterior, se libre atento oficio a la UCO de la Guardia Civil para que proceda a la emisión de un informe en el que se analice en su integridad todas aquellas comunicaciones que pudieran estar relacionados con las obras y las contrataciones que se están investigando”.

Estas son las claves del caso. Francisco Javier Carmena Lozano, interventor general de la Comunidad de Madrid, ya advirtió en un informe oficial de que la reforma de centros educativos impulsada por el Gobierno de Ayuso se había hecho con “un procedimiento completamente opuesto al correcto”. Se había producido, presuntamente, el fraccionamiento ilegal de facturas en 2021, 2022 y 2023 para asignar a dedo obras que deberían haberse dilucidado en concurso público.

Por ello, la jueza, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación istrativa, busca dilucidar quién es el responsable del diseño del sistema de pagos, tras tomar declaración en marzo a tres investigados que dijeron que se aplicaba “desde siempre” y que apuntaron a la cadena de mando de la consejería.

La magistrada encargada de determinar si hay suficientes indicios como para abrir juicio oral por este caso, en el que están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO, ya advirtió en noviembre de “la posible existencia de una infracción penal [prevaricación istrativa]”. Por su parte, la Fiscalía describió “una actuación istrativa claramente irregular y presuntamente delictiva” basada en la “grosera y palmaria omisión del procedimiento”.

Además, Francisco Javier Carmena Lozano, interventor general de la Comunidad de Madrid, reconoció en un informe oficial que la reforma de centros educativos impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se había hecho con “un procedimiento completamente opuesto al correcto”.

Finalmente, los investigadores de la Fiscalía que solicitaron ese análisis destacaron que sus conclusiones señalaban a la responsabilidad de la istración, pese a que en la causa hay dos directores de centros educativos investigados.

“No se ha tramitado por la consejería el expediente de contratación que correspondería atendiendo a la naturaleza e importe del proyecto”, se afea. “El gasto no ha sido autorizado por el órgano competente”, se añade sobre una de las obras. “La consejería, conocedora del importe del proyecto, debería haber elevado la autorización del gasto al Consejo de Gobierno”, se recalca. “Se ha producido una omisión de la fiscalización previa”.

El señalamiento de la responsabilidad gubernamental se reproduce también en las auditorías hechas por la intervención de los centros afectados por la causa. En ellas se apunta que “el centro carece de competencia para autorizar dichos gastos, que correspondería a la consejería”; que “los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones, no nuevas inversiones, y gastos de cuantía limitada al contrato menor”; y que “no se ha tramitado por parte de la consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de las necesidades de equipamiento y de la entidad de las obras a acometer”.

Esa tesis de la responsabilidad gubernamental fue precisamente la que defendieron los dos directores y el ex alto cargo regional investigados cuando tuvieron que declarar ante la jueza a mediados de marzo: “Esto venía dado desde arriba. Venía hecho”. En ese contexto, el Gobierno de Ayuso ha reconocido, a través de la abogacía autonómica, “las anomalías” de los contratos, y ha intentado personarse en la causa, extremo que ahora ha aceptado la juez.